En una columna publicada por EL HERALDO titulada “De la Espriella, la hora de gobernar”, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa el tema de la seguridad como la tarea más urgente que enfrenta al comenzar su mandato. El texto recoge declaraciones en las que señala que durante el período anterior se entregaron zonas del país al crimen organizado.
Según la columna, la administración precedente habría negociado con organizaciones criminales compromisos de no extradición, una figura que ha generado debate en Colombia por su uso como herramienta de diálogo con estructuras armadas. De la Espriella sostiene que esa práctica debilitó los instrumentos de cooperación internacional con los que el Estado colombiano enfrenta el narcotráfico y otras economías ilegales.
El diagnóstico del nuevo presidente incluye señalamientos sobre el debilitamiento de la inteligencia policial y militar. De acuerdo con la fuente, se habrían retirado oficiales con amplia experiencia en operaciones contra el crimen, lo que habría reducido la capacidad ofensiva de las fuerzas de seguridad frente a los grupos delincuenciales que operan en distintas regiones del país.
La situación de orden público en Colombia venía siendo una preocupación creciente antes del cambio de gobierno. Organizaciones como el Clan del Golfo, disidencias de las antiguas FARC y grupos armados locales mantienen presencia en zonas rurales y urbanas, donde ejercen control sobre economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. El nuevo gobierno hereda ese escenario.
La estrategia de seguridad que propone De la Espriella apunta, según la columna de EL HERALDO, a recuperar la capacidad operativa de la fuerza pública y a fortalecer los organismos de inteligencia. Para los analistas consultados en otras ocasiones, la combinación de inteligencia, presencia territorial y cooperación internacional es uno de los pilares que ha mostrado resultados en políticas de seguridad anteriores en el país.
Para la ciudadanía, el deterioro de la seguridad tiene efectos directos. Las comunidades de zonas rurales han sido las más afectadas por el control territorial de grupos armados, con restricciones a la movilidad, amenazas a líderes sociales y ataques contra la población civil. En las ciudades, el fenómeno se manifiesta en extorsiones, sicariato y disputas entre organizaciones delincuenciales que afectan la cotidianidad de los habitantes.
La referencia a las no extradiciones como herramienta de negociación también toca un punto sensible de la política exterior colombiana. Estados Unidos ha sido el principal aliado en la lucha contra el narcotráfico y los acuerdos de no entrega de cabecillas de organizaciones criminales afectan la relación bilateral en materia de justicia y seguridad, según han señalado distintos analistas en los últimos años.
Desde el Congreso y los gobiernos locales se espera que la nueva administración presente un plan de seguridad con metas, plazos y recursos. Sectores como el empresarial han pedido claridad sobre las medidas para proteger la inversión y la infraestructura en regiones donde los grupos armados cobran extorsiones a cambio de permitir la operación de proyectos productivos.
El gobierno entrante enfrenta, además, el reto de articular a la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía en una estrategia común. En los últimos años, distintas voces han señalado la necesidad de reforzar la coordinación interinstitucional para evitar que las acciones de una entidad sean anuladas por vacíos en otra, un problema que la nueva administración reconoció implícitamente al hablar del debilitamiento de la inteligencia.
Queda por verse cómo se traducirán estas declaraciones en políticas concretas. La columna de EL HERALDO cierra con la idea de que ha llegado “la hora de gobernar”, una expresión que marca el inicio de un período en el que las palabras sobre la seguridad deberán convertirse en resultados medibles para la población.