El presidente Abelardo De La Espriella lanzó una advertencia directa a quienes cometan actos vandálicos y se refugien en instituciones de educación superior. La frase, recogida por El País, resume el tono del mensaje: Voy a ir por ustedes.
Según la misma fuente, el mandatario fue más allá y sostuvo que las universidades no pueden convertirse en refugio para la violencia ni para el terrorismo. Esa frase marca el eje de la declaración y conecta con un debate de vieja data en Colombia sobre la relación entre autonomía universitaria, protesta social y orden público.
En el mismo pronunciamiento, De La Espriella anunció un protocolo para actuar ante hechos de violencia que se registren en campuses universitarios o en sus alrededores. Aunque El País no detalla los puntos del protocolo, su existencia indica un lineamiento específico para que las Fuerzas de Seguridad y las instituciones educativas tengan un procedimiento compartido de respuesta.
El anuncio se inscribe en una línea de tensión recurrente en la historia reciente del país. Distintos gobiernos han expresado preocupaciones parecidas cuando grupos encapuchados bloquean accesos, dañan infraestructura o interrumpen actividades académicas en nombre de protestas sociales. La diferencia en este caso es el tono, personalizado, dirigido a los autores materiales.
Para la ciudadanía, el mensaje abre interrogantes prácticos. Las universidades deberán prepararse para notificar, colaborar o facilitar accesos con la Fuerza Pública. Los estudiantes y profesores, por su parte, enfrentarán dilemas cotidianos: cómo distinguir una protesta legítima de una acción vandálica, y cómo evitar que el orden se confunda con la criminalización de la crítica.
La reacción en la comunidad académica suele ser mixta cuando se anuncian protocolos de este tipo. Unos piden claridad y reglas claras para preservar la vida dentro y fuera del campus. Otros exigen que cualquier medida respete la autonomía universitaria y los derechos de expresión, y que no se criminalice al conjunto del estudiantado.
En el plano institucional, queda por verse el contenido exacto del protocolo: cuál dependencia lo operará, cómo se coordinará con rectorías, en qué plazos se ejecutará y qué salvaguardas tendrá. También está pendiente saber si habrá un canal para que las propias universidades reporten hechos sin convertirse en auxiliar de la Fuerza Pública.
Por lo pronto, la advertencia queda instalada en la conversación nacional y vuelve a poner sobre la mesa la frontera entre el derecho a protestar y la comisión de delitos. Lo que diga el protocolo y cómo se aplique en los próximos días será la prueba concreta de si la advertencia presidencial se traduce en política pública o se queda en una declaración de intención.
La fuente original de esta nota es El País, y allí deberá consultarse el pronunciamiento completo, incluidos los términos exactos del protocolo cuando se publique.