El presidente Abelardo de la Espriella dirigió una amonestación pública al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, tras las declaraciones del funcionario sobre la política de seguridad del Gobierno nacional. El pronunciamiento presidencial se produjo después de que Escobar asegurara que Colombia se encuentra a un paso de la Paz Total a la guerra total, según registró Infobae.
De la Espriella lanzó una advertencia más amplia a los mandatarios regionales al señalarles que no pueden entablar conversaciones clandestinas con grupos terroristas. El presidente vinculó directamente al gobernador nariñense con este tipo de contactos, una acusación que pone en tensión la relación entre el Gobierno nacional y la administración departamental.
Nariño es uno de los departamentos con mayor actividad de grupos armados ilegales y organizaciones narcotraficantes del país. La región ha sido escenario recurrente de enfrentamientos entre disidencias, el ELN y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, lo que ha derivado en desplazamientos forzados, confinamientos y amenazas contra líderes sociales y comunidades indígenas.
La política de Paz Total, impulsada desde el Gobierno anterior y continuada como marco de la actual administración, busca negociar simultáneamente con múltiples estructuras armadas ilegales. El enfoque ha sido cuestionado por distintos sectores, que señalan que los diálogos han coincidido con el recrudecimiento de la violencia en varias regiones, entre ellas Nariño, el Cauca y el Catatumbo.
Las declaraciones del gobernador Escobar reflejan una preocupación extendida entre mandatarios locales y regionales que reportan un deterioro de las condiciones de seguridad en sus territorios. Gobernadores y alcaldes han reclamado en distintas oportunidades mayor presencia de la Fuerza Pública y acciones concretas contra las organizaciones armadas que delinquen fuera de los procesos de negociación.
La respuesta del presidente eleva el tono del debate sobre los límites de la autonomía regional frente a la política de seguridad nacional. Al señalar al gobernador de Nariño por sus presuntos contactos con grupos armados, De la Espriella abre un frente de tensión institucional con un gobernador elegido por voto popular, en un momento en el que la situación de orden público en el sur del país exige respuestas coordinadas.
La advertencia presidencial ocurre en un contexto de creciente presión internacional y nacional por resultados concretos en materia de seguridad. Organismos de derechos humanos y misiones internacionales han expresado preocupación por el aumento de la violencia en zonas rurales y por los efectos del conflicto armado sobre la población civil.
Queda por verse si el gobernador de Nariño responderá públicamente a la acusación presidencial y si el Ministerio Público o los organismos de control abrirán alguna investigación sobre los supuestos contactos con grupos armados mencionados por el presidente. Mientras tanto, la situación de seguridad en Nariño y las demás zonas afectadas por el conflicto continúa siendo el trasfondo de esta controversia.