El presidente Abelardo de la Espriella dirigió una advertencia directa al gobernador de Nariño ante la posibilidad de que se adelanten negociaciones con grupos armados sin el aval del Gobierno nacional. Según la fuente NTN24, el mandatario sostuvo que ningún gobernante regional puede ni podrá negociar por cuenta propia con estructuras ilegales.
En su declaración, el jefe de Estado fue enfático en fijar un límite claro a la autonomía de los mandatarios locales en materia de seguridad y orden público. Aseguró que quien cruce esa línea tendrá que responder ante la justicia, lo que abre la puerta a eventuales investigaciones por hechos que puedan configurar alianzas indebidas con organizaciones criminales.
El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente preocupación por la presencia de grupos armados en varias regiones del suroccidente colombiano, entre ellas Nariño. En ese departamento confluyen disidencias de las antiguas Farc, bandas de narcotráfico y otros actores armados que disputan el control de zonas estratégicas para el tráfico de drogas y la minería ilegal.
La Constitución y la ley colombiana reservan en el Ejecutivo nacional la conducción de las relaciones con grupos armados al margen de la ley. El artículo 173 de la Carta establece que el presidente dirige la fuerza pública y preserva el orden público en todo el territorio, una función que no puede ser delegada a gobernadores o alcaldes.
La advertencia presidencial tiene implicaciones directas para los mandatarios locales. De acuerdo con el marco legal vigente, cualquier acuerdo o acercamiento con estructuras armadas que no sea autorizado por el Gobierno nacional podría derivar en investigaciones por parte de la Fiscalía y eventuales sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría.
La situación en Nariño reviste especial sensibilidad por su condición de zona de frontera con Ecuador y por ser un corredor estratégico del narcotráfico. La presencia de cultivos de uso ilícito y de economías ilegales ha dificultado la presencia estatal y ha incrementado la presión sobre las autoridades locales.
Sectores políticos y académicos suelen recordar que los intentos de negociación regional con grupos armados en Colombia han tenido resultados negativos en el pasado, cuando mandatarios locales suscribieron acuerdos que luego fueron desconocidos por el Gobierno central y que terminaron en hechos de violencia contra las propias comunidades.
La reacción del gobernador de Nariño frente a los señalamientos del presidente aún no se conoce de manera oficial. La gobernación no había emitido, hasta el momento de la publicación del reporte de NTN24, una respuesta pública sobre los hechos que dieron origen a la advertencia presidencial.
Queda por verse si la advertencia se traduce en investigaciones formales o en una reunión entre el Gobierno nacional y el gobernador para esclarecer los hechos. También se espera claridad sobre si el Ejecutivo abrirá un canal directo con los grupos armados presentes en Nariño o si mantendrá la línea de confrontación militar.