El presidente Abelardo de La Espriella se dirigió de manera directa al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y le manifestó que no le permitirá manejar los recursos que la Nación destine a esa capital sucreña. Según el reporte de Minuto 60, el jefe de Estado le enrostró al mandatario local los procesos judiciales que enfrenta y, en ese contexto, anunció que se ejercerán controles sobre la inversión que llegue al municipio.
El cruce se conoce en un momento en el que las relaciones entre el Gobierno nacional y varias alcaldías del Caribe están marcadas por la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos. La advertencia presidencial pone el foco sobre Sincelejo, capital de Sucre, una ciudad de tamaño intermedio cuya administración municipal concentra buena parte de la ejecución de obras y programas financiados con transferencias de la Nación.
De La Espriella sustentó su mensaje en la situación judicial de Acuña, uno de los políticos con mayor peso electoral en Sucre. Las investigaciones que pesan sobre el alcalde han sido tema recurrente en la política regional, y su nombre ha estado vinculado a debates sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos. Al invocar esos procesos, el presidente condicionó la relación presupuestal con la ciudad a la confianza en quien administra esos dineros.
La figura de los controles sobre la inversión nacional no es nueva en el ordenamiento colombiano. El Departamento Nacional de Planeación, los ministerios sectoriales y los órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría disponen de instrumentos para hacer seguimiento al giro de recursos a entidades territoriales. En la práctica, esos controles pueden traducirse en requerimientos previos, visitas de seguimiento, suspensiones preventivas o auditorías especiales sobre convenios y proyectos.
Para los habitantes de Sincelejo, el anuncio abre un interrogante sobre el ritmo de llegada de proyectos financiados con plata nacional, en sectores como agua potable, vías, salud y educación, donde la dependencia de las transferencias del Gobierno central es alta. Alcaldías de ciudades intermedias suelen ejecutar buena parte de su inversión a través de convenios con ministerios y entidades como el DPS o Findeter, lo que hace sensible cualquier decisión del nivel nacional sobre la fiduciar o supervisar esos recursos.
Desde la perspectiva del Gobierno, el mensaje apunta a señalar que la transferencia de recursos no equivale a un cheque en blanco. La Presidencia ha reiterado en otras ocasiones que la inversión social debe llegar a los ciudadanos sin intermediaciones que la distorsionen. En ese marco, la advertencia a Acuña se presenta como una señal política sobre el tipo de relación que el Ejecutivo busca con los mandatarios locales que enfrentan cuestionamientos judiciales.
Yahir Acuña, por su parte, no había respondido al cierre de esta nota, según la información disponible. El alcalde, elegido con un caudal de votos significativo en Sucre, ha sido una figura con influencia en la política departamental y ha mantenido vínculos con sectores independentes y tradicionales. Su reacción al pronunciamiento presidencial será clave para dimensionar si se trata de una tensión pasajera o del inicio de una disputa de mayor duración entre la Alcaldía y la Casa de Nariño.
En lo inmediato, la expectativa se concentra en dos frentes: las reacciones políticas en Sucre, donde el pronunciamiento del presidente puede reordenar alianzas y respaldos, y las decisiones administrativas que adopten las entidades nacionales sobre los convenios vigentes con Sincelejo. Por ahora, el mensaje de De La Espriella deja instalada la advertencia de que la plata de la Nación que llegue a la ciudad estará bajo lupa.