El presidente Abelardo de la Espriella decidió levantar la suspensión general al porte de armas en Colombia, una restricción que había sido adoptada por el gobierno anterior como parte de su estrategia de desarme civil. La decisión se conoce en un contexto de repunte de hechos violentos en varias regiones del país y de presión de sectores que pedían restablecer el porte para defensa personal y actividades económicas.
Con el levantamiento, los ciudadanos que cumplan los requisitos legales podrán tramitar nuevamente el permiso ante la autoridad competente, sin la barrera de la suspensión general. Esto incluye a personas naturales, empresas de seguridad privada, deportistas de tiro y cazadores deportivos, siempre que acrediten los requisitos de ley y los antecedentes requeridos.
Durante los meses en que rigió la suspensión, la medida fue respaldada por organizaciones civiles que la consideraban un avance en la reducción de la circulación de armas en espacios públicos. También fue cuestionada por gremios de la seguridad privada y por ciudadanos que argumentaban que la restricción limitaba su legítimo derecho a la defensa, especialmente en zonas rurales con presencia de grupos armados.
El Decreto que establece la suspensión general obligaba a las autoridades a negar la mayoría de los permisos de porte, aunque se conservaban excepciones para fuerzas Armadas, Policía y algunos casos especiales. Con el levantamiento de esa restricción, la expedición de permisos vuelve a regirse por las normas ordinarias, lo que en la práctica amplía el universo de solicitantes que pueden obtener un porte vigente.
Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, el levantamiento genera lecturas opuestas. Sectores que defienden el porte argumentan que la medida empuja a los ciudadanos a cumplir los requisitos legales y salir de la informalidad, mientras que organizaciones como la Asociación para la Defensa de los Derechos Civiles y de los Derechos Humanos alertan sobre el riesgo de que aumenten los accidentes por arma de fuego, los suicidios y la violencia intrafamiliar.
Otro de los puntos sensibles es el impacto en las empresas de seguridad privada, un sector que emplea a decenas de miles de personas en Colombia y que depende del porte de armas para prestar servicios de vigilancia y escolta. Con el levantamiento, se reactiva la posibilidad de ampliar el número de guardas armados y de renovar los permisos que se habían suspendido por la restricción anterior.
La decisión también tiene implicaciones internacionales, dado que Colombia es signataria de tratados sobre comercio de armas y control de armas pequeñas. Organismos como la ONU y la OEA han recomendado a los países mantener controles estrictos, y el levantamiento puede ser observado de cerca por cooperantes que financian programas de desarme en zonas afectadas por el conflicto.
En lo regional, el efecto no será uniforme. En ciudades con tasas altas de violencia y en zonas rurales con presencia de grupos armados ilegales, el debate se intensifica, mientras que en regiones con menores indicadores de criminalidad la discusión tiende a centrarse en la defensa del derecho a la legítima protección.
Quedan varios temas pendientes. El Gobierno aún no ha precisado si mantendrá mecanismos extraordinarios de control, como jornadas de destrucción de armas ilegales o campañas de sensibilización. Tampoco se conoce si el levantamiento irá acompañado de un reforzamiento de los requisitos para obtener el permiso, algo que voces de ambos lados han reclamado como punto medio.
Según reporta France 24, la decisión se inscribe en la agenda de seguridad del nuevo gobierno, que ha hecho del orden público una de sus prioridades. El alcance real de la medida dependerá de cómo las autoridades regulen los nuevos permisos y de la respuesta de los ciudadanos y los sectores armados en las próximas semanas.