El presidente Abelardo de la Espriella levantó la suspensión del porte de armas en Colombia mediante el Decreto 1368, según informó Exitosa Noticias. La decisión pone fin a la restricción que rigió en los últimos meses y abre la puerta al uso de los permisos ya expedidos.
El decreto permite a los ciudadanos que cuentan con un permiso vigente utilizar armas de fuego dentro del marco legal. No se trata de una apertura sin condiciones: el texto mantiene los requisitos y controles que regulan la expedición, renovación y vigencia de los permisos ante la autoridad competente.
Colombia tiene una tradición de regulación estricta en materia de armas de fuego. La Industria Militar (Indumil) fabrica y comercializa el armamento permitido, mientras que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Fuerza Pública ejercen controles sobre la tenencia y el porte. En las últimas décadas, distintos gobiernos han oscilado entre restricciones temporales y normas permanentes de control.
La suspensión del porte de armas había sido adoptada como una medida de seguridad durante un periodo en el que las autoridades consideraron necesario restringir la circulación de armas en espacios públicos. Con el Decreto 1368, el Gobierno reorienta esa política y devuelve a los permisos su vigencia plena, aunque bajo el cumplimiento de los trámites establecidos.
Para los ciudadanos, el cambio implica que quienes ya tramitaron su permiso ante las autoridades competentes pueden portar su arma sin la limitación que rigió durante la suspensión. Quienes no cuentan con ese documento deben seguir el proceso legal para obtenerlo, sin que la nueva norma represente una vía automática de acceso.
La medida también impacta al sector de la seguridad privada, que depende del porte legal de armas para prestar sus servicios de vigilancia. Con la reactivación de los permisos, las empresas del sector retoman un marco operativo que había quedado en pausa, lo que tiene efectos directos sobre la contratación de personal armado y la cobertura en zonas urbanas y rurales.
Desde el punto de vista de la política de seguridad, el decreto se inscribe en la estrategia del Gobierno para definir quién puede portar armas y bajo qué condiciones. El Ejecutivo ha enmarcado su decisión en la necesidad de respetar los derechos de quienes cumplieron los requisitos legales, sin relajar los mecanismos de verificación.
Quedan pendientes varios aspectos prácticos. Las autoridades deberán precisar cómo se reconectan los permisos suspendidos con los registros vigentes, y se espera que la Fuerza Pública actualice los protocolos de verificación para evitar confusiones entre la ciudadanía. También se conocerán en los próximos días las reacciones de sectores que han pedido controles más estrictos al porte de armas.
Por ahora, el Decreto 1368 marca un giro en la política nacional sobre armas de fuego: el porte deja de estar suspendido y vuelve a regirse por las normas ordinarias, con la promesa gubernamental de mantener los controles sobre quienes buscan acceder a este derecho de manera legal.