La política de paz total, heredada de la administración anterior y continuada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, enfrenta una paradoja operativa. Según una publicación de EL PAÍS, mientras el Ejecutivo avanza en extradiciones de cabecillas de organizaciones ilegales, los equipos negociadores en Putumayo y Nariño quedaron sin interlocutores claros para continuar los diálogos que ya estaban en marcha.
El contraste es directo. De un lado, las autoridades colombianas materializan solicitudes de extradición elevadas por cortes de Estados Unidos contra jefes de estructuras armadas. Del otro, las mesas regionales donde esos mismos grupos discutían condiciones de sometimiento quedan suspendidas de hecho, sin voceros con poder de decisión para sentarse en la mesa.
La política de paz total fue concebida como un marco amplio para negociar simultáneamente con múltiples actores armados, incluyendo disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales. Su aplicación territorial depende de enviados especiales y representantes del Alto Comisionado para la Paz, quienes sirven de puente entre el Ejecutivo y las estructuras armadas en cada región.
En Putumayo y Nariño, departamentos de frontera con Ecuador y golpeados por el narcotráfico, los procesos habían logrado instalar mesas técnicas. Estas mesas abordaban puntos sensibles como el desminado humanitario, la situación de comunidades indígenas y los cultivos de uso ilícito. La salida abrupta de los cabecillas interrumpe una dinámica que, según analistas, llevaba meses de construcción.
La ciudadanía en esas zonas recibe señales contradictorias. Líderes sociales y organizaciones de víctimas han pedido claridad sobre si los acuerdos parciales ya firmados siguen vigentes. También cuestionan si los reemplazos en los mandos de las estructuras ilegales tendrán la voluntad o la capacidad de continuar las conversaciones iniciadas por sus antecesores.
El gobierno no ha precisado públicamente cómo piensa resolver esa dualidad. Las extradiciones se presentan como un golpe a las finanzas y al mando de las organizaciones, pero los críticos advierten que ese mismo golpe puede vaciar las mesas de negociación. La comunidad internacional, que acompaña varios de estos procesos, observa con atención la dirección que tome la Casa de Nariño.
Para los habitantes de los municipios más afectados, el efecto inmediato es la incertidumbre. Las comunidades que habían apostado por la vía dialogada temen un repunte de violencia interna dentro de las propias estructuras, una vez sus antiguos líderes quedan fuera del país. También preocupa que los avances en temas humanitarios, como la liberación de secuestrados o la suspensión de acciones armadas, queden sin quien los respalde.
El episodio deja una tarea pendiente al Ejecutivo: definir si la paz total es una estrategia integral o una suma de decisiones aisladas. De cómo se articule la política de extradiciones con las mesas regionales dependerá, en gran medida, la credibilidad del proceso ante las comunidades, los países acompañantes y los propios grupos armados.
Queda por verse si el gobierno convocará nuevos voceros para reactivar las mesas en Putumayo y Nariño, o si optará por replegarse a la vía judicial y militar. Por ahora, los procesos locales avanzan a ciegas, sin interlocutores y sin un pronunciamiento oficial que aclare el rumbo.