El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, negó que su administración adelante una “política de venganza” contra el tribunal de paz del país. La afirmación se conoce en un momento de alta expectativa sobre la relación entre el Ejecutivo y ese órgano de justicia transicional.
El pronunciamiento responde a cuestionamientos sobre la postura del gobierno frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, la entidad encargada de investigar y juzgar los crímenes más graves del conflicto armado colombiano. La JEP surgió de los acuerdos de paz de 2016 con las extintas FARC.
La tensión entre distintos gobiernos y la JEP ha sido una constante desde su creación. Presidentes anteriores también chocaron con el tribunal por decisiones sobre exguerrilleros, militares y terceros civiles involucrados en el conflicto. El equilibrio entre justicia transicional y voluntad política sigue siendo un punto sensible.
Para los ciudadanos, lo que ocurra entre el gobierno y la JEP afecta directamente la suerte de más de siete millones de víctimas registradas en el conflicto. De la decisión del tribunal dependen condenas restaurativas, comparecencias forzadas y la posibilidad de cerrar uno de los capítulos más dolorosos del país.
La JEP fue concebida como una justicia especial que ofrece sanciones alternativas a quienes confiesen sus crímenes, a cambio de verdad, reparación y no repetición. Su diseño buscó evitar la repetición de hechos como los de Bojayá, Mampuján o las tomas guerrilleras que dejaron miles de civiles muertos.
Según la fuente, De la Espriella descartó cualquier intención retaliatoria. Sin embargo, no ofreció detalles sobre las acciones específicas que su gobierno planea en relación con los procesos abiertos por la JEP ni sobre eventuales reformas al sistema.
Organizaciones de víctimas y de derechos humanos suelen recordar que el tribunal de paz perdió credibilidad cuando sectores cercanos al poder intentaron restarle competencias. La independencia judicial ha sido defendida tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por ahora, la declaración presidencial deja abierta la pregunta sobre si vendrán decretos, proyectos de ley o decretos legislativos que reconfiguren el alcance de la JEP. Lo que sí queda claro es que el gobierno buscó fijar públicamente su posición frente al tribunal.
El país observa. La próxima movida, sea del gobierno o de la JEP, mostrará si la “no venganza” se traduce en cooperación institucional o en un nuevo pulso entre Ejecutivo y justicia transicional.