El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, negó este jueves que su Administración mantenga una "polÃtica de venganza" contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La declaración fue recogida por el portal Eco TV Panamá, que reprodujo sus palabras textuales.
âNo tengo una polÃtica de venganza contra la JEP. Tengo el deber de ordenar el gasto, y exigir resultadosâ, dijo el mandatario, según el extracto difundido por ese medio. Con esa frase, el jefe de Estado buscó separar las decisiones presupuestales de cualquier ánimo retaliativo contra el tribunal transitorio creado por el Acuerdo de Paz de 2016.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido tras los acuerdos entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Su mandato se enfoca en juzgar los delitos más graves cometidos en el conflicto armado y en ofrecer sanciones restaurativas a quienes reconozcan verdad y responsabilidad.
Desde su posesión, el Gobierno de De la Espriella ha planteado una revisión del gasto público y ha señalado la necesidad de que las entidades del Estado, incluidas las del sector justicia, demuestren resultados concretos con los recursos que reciben. Esa lÃnea ha generado tensiones con varios organismos que dependen de recursos del Presupuesto General de la Nación.
La afirmación del presidente ocurre en un momento en el que la JEP avanza en macrocasos sobre secuestro, reclutamiento de menores, falsos positivos y violencia sexual en el conflicto. Organizaciones de vÃctimas y sectores defensores de los acuerdos de paz han pedido garantizar la autonomÃa e independencia del tribunal.
Al presentar su postura como un ejercicio de âordenar el gastoâ, el Ejecutivo ubica la discusión en el terreno fiscal y administrativo. La jurisprudencia colombiana ha reiterado que la JEP tiene autonomÃa presupuestal, aunque sus recursos se incluyen en el presupuesto del sector justicia.
Para la ciudadanÃa, el debate tiene efectos prácticos. La JEP concentra buena parte de los procesos contra excombatientes, militares y terceros civiles por hechos del conflicto, y sus decisiones inciden en los derechos de millones de vÃctimas que esperan verdad, justicia y reparación.
Queda pendiente conocer si desde el Ministerio de Hacienda o desde la Presidencia se han radicado solicitudes formales de recorte, traslado de partidas o reformas al presupuesto de la JEP para la próxima vigencia fiscal. Hasta ahora, la versión conocida es la declaración presidencial difundida por Eco TV Panamá.