El presidente Abelardo de la Espriella redujo la asignación presupuestal de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal creado por el Acuerdo de 2016 para investigar y juzgar los delitos más graves del conflicto armado con las FARC. Según reportó DW, el gobernante justificó el recorte señalando que el propósito es priorizar la justicia ordinaria sobre los esquemas transitorios de justicia.
La Jurisdicción Especial para la Paz fue establecida como uno de los componentes centrales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los diálogos de La Habana. Su mandato incluye investigar patrones de macrocriminalidad como secuestros masivos, reclutamiento forzado de niños, violencia sexual y ataques contra la población civil, hechos que la justicia ordinaria no ha tenido capacidad de abordar de manera sistemática.
Ante la consulta periodística, De la Espriella negó que el recorte constituya una retaliación contra el tribunal, pese a que la JEP ha proferido decisiones que comprometen la responsabilidad de distintos actores, incluyendo antiguos comandantes de las extintas FARC y miembros de la Fuerza Pública. La versión oficial es que el ajuste responde a una racionalización del gasto en el sector justicia.
El recorte presupuestal ocurre cuando la JEP tramita varias audiencias de reconocimiento y mantiene abiertos procesos como el caso 01 sobre secuestros, el caso 02 sobre reclutamiento de menores y el caso 09 sobre violencia sexual. La reducción de fondos, según analistas consultados por distintos medios, podría afectar el ritmo de las investigaciones y el pago de las magistraturas y el personal administrativo del tribunal.
Organizaciones de víctimas y plataformas de derechos humanos han advertido en otras ocasiones que debilitar financieramente a la justicia transitoria pone en riesgo los derechos de cientos de miles de víctimas del conflicto que esperan verdad, reparación y garantías de no repetición. También recuerdan que las sanciones propias de la JEP incluyen obligaciones de restauración que dependen de la continuidad operativa del tribunal.
La decisión se inscribe en un escenario más amplio de relaciones tensas entre sectores del establishment político colombiano y la justicia transitoria, marcada por debates sobre la competencia del tribunal, la aplicación de las sanciones y el cumplimiento de las obligaciones de los comparecientes. El contraste entre el discurso presidencial y las lecturas de las víctimas muestra que el tema seguirá generando debate público en las próximas semanas.
Queda por verse si el Gobierno Nacional precisará el monto del recorte y los rubros específicos que serán ajustados, y si la JEP o las organizaciones de víctimas promoverán acciones legales para defender su autonomía presupuestal. DW es la fuente de esta información y será necesario revisar comunicados oficiales del tribunal y del Ministerio de Hacienda para conocer el alcance definitivo de la medida.