El presidente Abelardo de La Espriella interrumpió su discurso en el marco de su agenda regional para impartir una orden directa al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El mandatario solicitó el traslado inmediato de peligrosos delincuentes hacia prisiones de máxima seguridad, según reportó El País.
La decisión presidencial se conoce el mismo día en que las autoridades confirmaron la captura de alias "Menor", señalado cabecilla de la banda "Los Chiquillos". De La Espriella vinculó ese golpe policial con su anuncio sobre el régimen carcelario, al subrayar que los líderes de estructuras criminales deben quedar completamente aislados de cualquier posibilidad de coordinación desde prisión.
El punto central de la orden es el aislamiento total de 120 internos catalogados como capos en la cárcel de Buenaventura, uno de los penales con mayor disputa de poder criminal en el Pacífico colombiano. El presidente fue tajante al señalar que en ese establecimiento no entrará ni la señal más mínima que les permita a los reclusos mantener el control de sus organizaciones desde el interior.
El Inpec, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y encargada de la custodia, vigilancia y atención de la población reclusa en Colombia, queda entonces encargado de ejecutar un operativo logístico complejo. El traslado de internos de alta peligrosidad hacia pabellones de máxima seguridad implica requisas reforzadas, restricción de comunicaciones y protocolos especiales para evitar que los cabecillas sigan impartiendo instrucciones.
El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por el papel que cumplen las cárceles como centros de mando de organizaciones criminales. En distintas regiones del país, autoridades e investigadores han advertido que cabecillas presos mantienen la coordinación de actividades ilícitas mediante teléfonos celulares, visitas y mensajería clandestina, lo que convierte a los penales en nodos operativos de las bandas.
Para los habitantes de Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico y un punto crítico para la disputa de rutas del narcotráfico, la medida tiene implicaciones directas. La ciudad ha sido escenario de enfrentamientos entre bandas como "Los Chiquillos" y "Los Espartanos" por el control territorial, y los reclusos asociados a esas estructuras han sido identificados como parte de la cadena de mando de la violencia que afecta a la población civil.
La captura de alias "Menor" representa un golpe contra la estructura de "Los Chiquillos", pero las autoridades reconocen que la desarticulación efectiva de una banda requiere más que la detención de un solo cabecilla. Por eso, la orden presidencial apunta a cortar de raíz la capacidad de los 120 capos recluidos en Buenaventura de mantener el control de sus redes mientras purgan sus condenas.
La decisión abre interrogantes sobre la capacidad operativa del Inpec para sostener el régimen de aislamiento total. Expertos en política penitenciaria han señalado que el éxito de medidas de este tipo depende de tecnología para bloquear señales de comunicación, personal de vigilancia suficiente y protocolos que eviten la corrupción dentro de los penales, factores que históricamente han sido debilidades del sistema carcelario colombiano.
Por ahora, la orden queda en manos del director del Inpec, quien deberá coordinar con la Fuerza Pública y el Ministerio de Justicia el cronograma de traslados y las condiciones de seguridad en los penales de destino. El gobierno no ha precisado públicamente cuáles son las prisiones de máxima seguridad que recibirán a los internos, un dato clave para evaluar la magnitud real del operativo y su impacto en la estructura criminal de Buenaventura.