El presidente Abelardo de la Espriella impartió la orden de someter a revisión las cámaras de fotomultas que operan en distintas ciudades y carreteras de Colombia, según informó Colombia.com. La decisión apunta a tres ejes: la legalidad de los equipos, su correcto funcionamiento técnico y la existencia de posibles esquemas irregulares de recaudo.
Las fotomultas son dispositivos automáticos de detección de infracciones de tránsito, generalmente vinculados a excesos de velocidad, cruces en semáforo en rojo o invasiones de carril. Su proliferación en los últimos años ha estado acompañada de reclamos de conductores que cuestionan tanto la calibración de los equipos como la destinación de los recursos recaudados por las alcaldías y los operadores privados.
Una auditoría nacional implica un proceso de inspección documental y técnica sobre los contratos suscritos entre municipios y los operadores de estos sistemas. En la práctica, se revisarán los permisos de instalación, los certificados de calibración, los manuales de operación y los reportes de comparendos generados, con el fin de descartar errores o malas prácticas.
La orden presidencial se produce en un contexto de creciente debate público sobre el uso de tecnologías de vigilancia vial. Organizaciones de conductores y veedurías ciudadanas han denunciado casos de doble fotomulta por una misma infracción, cobros sin notificación oportuna y contratos con cláusulas poco claras sobre el reparto de ingresos entre el Estado y los concesionarios.
El alcance de la revisión también abarca el marco jurídico aplicable. En Colombia, el Código Nacional de Tránsito y la jurisprudencia de la Corte Constitucional han establecido límites al uso de medios automáticos para imponer sanciones, incluyendo el derecho del ciudadano a ser notificado y a ejercer su defensa. Una auditoría permitiría determinar si los procedimientos actuales cumplen esos estándares.
Para los ciudadanos, una posible consecuencia directa es la suspensión temporal de algunas cámaras mientras se realizan las inspecciones, lo que podría modificar el flujo habitual de comparendos. Los conductores que tengan sanciones en curso o recursos pendientes podrían ver afectada la resolución de sus trámites según los hallazgos de la auditoría.
El Gobierno no ha precisado públicamente la entidad que liderará la revisión ni el cronograma de ejecución. Tampoco se ha anunciado si la auditoría contempla sanciones a funcionarios o contratistas en caso de encontrarse irregularidades, un aspecto clave para medir la profundidad del compromiso con la transparencia anunciado.
El tema vuelve a poner sobre la mesa la relación entre seguridad vial, tecnología y recaudo municipal. Las fotomultas, además de su función preventiva, representan una fuente significativa de ingresos para algunos entes territoriales, por lo que cualquier ajuste en su operación tendrá repercusiones fiscales en alcaldías que dependen parcialmente de esos recursos.
En las próximas semanas se esperan pronunciamientos oficiales del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte, entidades que suelen intervenir en la regulación y supervisión de estos sistemas. También se aguarda la publicación de los términos de referencia de la auditoría para conocer su cobertura real.
La decisión de ordenar la auditoría marca un punto de inflexión en la política de fiscalización vial del país. Más allá del resultado técnico, la revisión abre un debate sobre el equilibrio necesario entre el uso de tecnología para mejorar la seguridad en las vías y las garantías ciudadanas frente a posibles cobros indebidos.