El presidente Abelardo de la Espriella expidió una directiva de austeridad que ordena recortar los viajes oficiales y poner topes a la contratación de publicidad estatal, según reportó CAMBIO Colombia. La medida aplica a ministerios, entidades descentralizadas y servidores públicos de la rama ejecutiva.
La directriz hace parte del primer paquete de decisiones administrativas del nuevo Gobierno y se conoce cuando las finanzas públicas enfrentan restricciones y el Congreso discute el presupuesto de la siguiente vigencia. En ese escenario, el Ejecutivo busca mostrar al Ejecutivo contención en el gasto corriente, empezando por rubros que suelen concentrar críticas ciudadanas, como las viagens al exterior y la contratación de pauta en radio, prensa y televisión.
El texto limita la aprobación de comisiones al exterior a casos estrictamente necesarios y exige reportes periódicos de los desplazamientos que se autoricen. En publicidad, prohíbe la contratación de piezas de imagen institucional en medios de comunicación durante el periodo de restricción, aunque deja abierta la posibilidad de comunicación oficial sobre emergencias, servicios públicos y campañas de salud o educación que ya estén contempladas en la ley.
La orden también toca otros rubros sensibles del funcionamiento estatal: restringe la compra de vehículos oficiales, la remodelación de sedes, los eventos protocolarios y los gastos de representación. El objetivo declarado es redirigir esos recursos hacia inversión social y el cumplimiento del plan de gobierno, aunque la propia directriz no precisa cuánto se espera ahorrar ni cómo se medirá el recorte.
Para los servidores públicos, la implicación inmediata es un cambio de procedimiento. Cada viaje o contrato de comunicación deberá pasar por filtros de justificación técnica y disponibilidad presupuestal. Las entidades deberán reportar mensualmente sus gastos sujetos a la directiva, lo que en la práctica obliga a las oficinas de planeación y financiera a reorganizar sus cronogramas de ejecución.
Organizaciones de control fiscal han recordado en distintas ocasiones que las directrices de austeridad requieren un trámite legal para obligar a entidades autónomas, como universidades públicas, empresas del Estado y organismos de control. Por eso, el alcance real de la medida dependerá de cómo cada sector la acoja y de eventuales decretos reglamentarios que el Gobierno expida en las próximas semanas.
Sectores como el de medios de comunicación, que dependen en parte de la pauta oficial, venían advirtiendo sobre el impacto de una decisión de este tipo sobre su sostenibilidad financiera. A la vez, gremios y veedurías ciudadanas han pedido en el pasado que el Estado publique criterios claros para priorizar la comunicación oficial, de modo que la austeridad no se convierta en opacidad informativa.
En materia de viajes, la restricción pone la lupa sobre delegaciones a cumbres internacionales y foros multilaterales, donde la presencia suele asociarse a relaciones exteriores y de política. Queda por verse si la Presidencia mantendrá un régimen de excepción para encuentros bilaterales y multilaterales, y los de apuestas que ya estén comprometidos, en una directriz que hasta ahora presenta compromisos de transparencia y austeridad.
Por ahora, la orden ya está vigente para los ministerios y entidades de la rama ejecutiva. Quedan pendientes los decretos reglamentarios que la desarrollan, los reportes de cumplimiento que deberán presentar las entidades en los próximos meses y el efecto que tenga sobre la contratación pública durante el resto del año.