El presidente Abelardo de la Espriella impartió una orden directa para que el Estado colombiano asuma la defensa de los exmilitares vinculados al proceso por el asesinato del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. La instrucción fue reportada por el medio CAMBIO Colombia y constituye una de las decisiones de mayor peso en materia judicial del inicio de su mandato.
El caso Moïse es uno de los expedientes internacionales más sensibles en los que han resultado involucrados ciudadanos colombianos. Tras el magnicidio en Puerto Príncipe, las investigaciones internacionales identificaron la participación de un grupo de exintegrantes de las Fuerzas Militares de Colombia, varios de los cuales fueron capturados en Jamaica, Panamá, Haití y otros países. Desde entonces, los procesos judiciales se han desarrollado en distintas jurisdicciones.
La decisión del jefe de Estado significa que el Gobierno colombiano destinará recursos y equipos jurídicos para representar a los exuniformados ante las instancias que los requieran. La instrucción de garantizar la defensa oficial fue comunicada a los ministerios competentes, según la información publicada por CAMBIO Colombia.
El asesinato de Jovenel Moïse conmocionó a la comunidad internacional. Un comando armado ingresó a su residencia privada en la capital haitiana y le causó la muerte, junto con heridas a la primera dama, quien sobrevivió. Investigaciones posteriores señalan la posible participación de más de veinte personas, entre ellas haitianos, colombianos, ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades, con motivaciones y grados de responsabilidad que aún son materia de investigación.
Para Colombia, el caso reviste implicaciones diplomáticas, judiciales y políticas. Varios exmilitares colombianos han asegurado que fueron contratados como escoltas privados y que desconocían el propósito final de la operación. Otros han enfrentado acusaciones más graves, lo que ha generado largos procesos de extradición y litigios en cortes extranjeras. La postura del Gobierno colombiano resulta determinante para la suerte procesal de los acusados.
La orden presidencial también reactiva el debate sobre la protección que el Estado debe ofrecer a los ciudadanos colombianos investigados o detenidos en el exterior, incluidos los miembros de la fuerza pública retirados. Distintos sectores han planteado que el acompañamiento jurídico es un derecho y una obligación del Estado cuando hay connacionales inmersos en procesos extranjeros.
Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos de los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa ni Justicia detallando la forma en que se ejecutará la orden. Tampoco se ha informado públicamente sobre los nombres de los abogados que asumirán la defensa ni sobre el plazo de implementación. La instrucción presidencial queda ahora a la espera de los trámites administrativos correspondientes.
El expediente sigue abierto en varias jurisdicciones y los exmilitares colombianos esperan el desarrollo de audiencias y posibles sentencias. La decisión del Gobierno de De la Espriella añade un nuevo capítulo a un caso que, más de tres años después del magnicidio, continúa generando repercusiones en la política exterior y en la opinión pública colombianas.