El presidente Abelardo de la Espriella firmó una directiva que ordena la deportación de los migrantes que se encuentren en condición irregular dentro del territorio colombiano. La orden fue reportada por Yahoo y constituye una de las decisiones más fuertes en materia migratoria desde el inicio de su gestión.
La medida establece que las autoridades migratorias deberán identificar, detener y expulsar del país a las personas extranjeras que no cuenten con documentación al día. Quedan incluidos quienes hayan ingresado al país sin cumplir los requisitos legales o cuya permanencia haya superado el tiempo autorizado por su visa.
Colombia es uno de los principales receptores de población migrante en América Latina, en especial de ciudadanos venezolanos, ecuatorianos y haitianos que buscan oportunidades económicas en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Las zonas de frontera con Venezuela concentran los pasos informales más activos de la región.
El gobierno nacional entregó la orden a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, entidad encargada de ejecutar los operativos de verificación de identidad y documentación. Los efectivos de Migración Colombia trabajarán en coordinación con la Policía Nacional para realizar los controles en las principales ciudades y pasos fronterizos.
La directriz prevé la notificación consular de cada persona antes de su salida del país, un procedimiento que busca respetar los derechos de los migrantes y las convenciones internacionales firmadas por Colombia en la materia. Cada proceso de deportación debe quedar registrado con la documentación que respalde el procedimiento legal.
Organizaciones de derechos humanos y agencias de la ONU han expresado en otras ocasiones su preocupación por los operativos masivos de deportación, y piden garantías de debido proceso y respeto a los grupos vulnerables como mujeres embarazadas, niños y personas mayores. Estas entidades piden además alternativas de regularización para quienes llevan años viviendo en Colombia.
Sectores productivos consultados en años anteriores por medios nacionales habían advertido que la mano de obra migrante participa en cadenas como la construcción, el comercio informal y el trabajo agrícola en departamentos como Norte de Santander, La Guajira y el Valle del Cauca. Los gremios esperan conocer cómo avanza la medida y si habrá excepciones por sectores.
La Defensoría del Pueblo tiene la tarea de velar porque los procedimientos respeten los derechos fundamentales y se ajusten al debido proceso. La Corte Constitucional ha sido enfática en que cualquier restricción a la movilidad de personas debe seguir los estándares internacionales de protección.
Queda pendiente el alcance real de la medida, los primeros reportes de deportaciones y eventuales acuerdos con los países de origen para facilitar la salida ordenada de los migrantes. La orden entrará a regir en los próximos días según los tiempos que defina el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia.