El presidente Abelardo de la Espriella impartió la orden de deportar a los migrantes que se encuentren en condición irregular en Colombia, según reportó La FM. La instrucción fue dada de forma directa y sin condicionamientos públicos adicionales a los conocidos por el medio.
La directriz incluye un criterio de priorización: serán los primeros en ser expulsados quienes hayan cometido delitos dentro del territorio colombiano. El Gobierno no entregó por ahora un listado de categorías específicas, pero la línea operativa quedó fijada en la comunicación oficial recogida por La FM.
Colombia ha sido en la última década el principal destino del éxodo de venezolanos que huyen de la crisis en su país, un flujo migratorio que durante años estuvo marcado por la apertura de la frontera y por la entrega de permisos temporales como el Permiso Especial de Permanencia (PEP). Esa política buscaba regularizar a buena parte de quienes llegaban sin documentos.
Con el paso del tiempo, distintas voces políticas y de seguridad han pedido endurecer los controles, argumentando que la presencia de personas sin estatus migratorio definido dificulta el seguimiento judicial y facilita la actuación de redes criminales transnacionales. La decisión de De la Espriella se inscribe en esa línea de presión, ahora convertida en orden presidencial.
La instrucción afecta de manera inmediata a quienes permanezcan en el país sin visa, sin Permiso Especial de Permanencia vigente y sin otro documento que acredite su estadía legal. Migración Colombia será la entidad encargada de ejecutar los operativos de verificación, identificación y expulsión, en coordinación con la fuerza pública.
Para los migrantes con antecedentes judiciales o vinculados a investigaciones en curso, el procedimiento podría incluir retención preventiva antes de la deportación, con el objetivo de evitar su fuga. La FM no reportó detalles del protocolo, pero señaló que la prioridad apunta a quienes representen un riesgo para la seguridad ciudadana.
La orden también genera expectativas sobre los venezolanos y otros extranjeros que actualmente tramitan su regularización. Las autoridades deberán precisar si la directriz altera los procesos en curso y si habrá un periodo de transición para quienes tengan solicitudes pendientes.
Organizaciones de derechos humanos y agencias de la ONU han advertido en otras ocasiones que las deportaciones masivas sin debido proceso pueden dejar en situación de vulnerabilidad a familias y menores de edad. El Gobierno no se pronunció sobre excepciones humanitarias en el reporte de La FM.
En el plano diplomático, la decisión pone un nuevo punto de tensión con Venezuela, país de origen de la mayoría de los migrantes irregulares. Bogotá tendrá que coordinar con Caracas los mecanismos de recepción de los deportados, en un escenario de relaciones bilaterales que ha sido irregular en los últimos años.
Queda pendiente conocer el volumen estimado de personas afectadas, el calendario de los operativos y los recursos logísticos y presupuestales que se destinarán. La FM informó la orden, pero aún no se conoce un decreto reglamentario ni un pronunciamiento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el alcance de la medida.