El presidente Abelardo de la Espriella dio la orden de iniciar operativos de deportación contra migrantes que se encuentren en situación irregular en Colombia. Así lo informó Bloomberg Línea, que detalla que las operaciones estarán a cargo de la Policía Nacional y arrancarán esta misma semana.
La decisión apunta de manera especial a la población venezolana que reside en el país sin documentación al día. De acuerdo con el reporte, más de 500.000 venezolanos podrían verse afectados por estas acciones de retorno.
Colombia es el principal destino de la migración venezolana en la región. Cifras de organismos internacionales y del propio Estado colombiano han estimado que cerca de 2,8 millones de venezolanos viven en el país, muchos de ellos con permisos temporales como el Estatuto Temporal de Protección, mientras que otros se encuentran en condición irregular.
La Policía Nacional es la institución designada para ejecutar los procedimientos de localización y deportación. Su rol habitual incluye tareas de vigilancia, control migratorio y apoyo a Migración Colombia, la autoridad competente en materia de extranjería.
La medida se produce en un contexto de cambios en la política migratoria regional, con varios países de la región revisando los esquemas de acogida y permanencia de ciudadanos venezolanos. La situación económica y de seguridad en zonas de frontera suele ser uno de los argumentos que esgrimen los gobiernos para endurecer los controles.
Para los ciudadanos venezolanos en condición irregular, el anuncio significa un cambio directo en su situación. Los operativos pueden traducirse en retenciones, procedimientos administrativos de expulsión y, en muchos casos, retorno al vecino país o a un tercer Estado, dependiendo de los acuerdos bilaterales vigentes.
Sectores vinculados a la atención de migrantes han señalado en ocasiones anteriores que las deportaciones masivas pueden afectar a personas que llevan años residiendo en Colombia, con vínculos laborales y familiares. La aplicación concreta de la medida dependerá de los protocolos que establezcan las autoridades en los próximos días.
La orden presidencial también reordena la relación entre las entidades del Estado encargadas de la migración. Migración Colombia y la Policía deberán coordinar operativos conjuntos, mientras que otras instituciones, como la Defensoría del Pueblo, suelen intervenir cuando hay menores de edad o personas en condición de vulnerabilidad.
Queda por verse el alcance real de los operativos, los criterios que se aplicarán para definir quién es sujeto de deportación y si se respetarán los derechos de debido proceso. El Gobierno no ha detallado hasta ahora públicamente los protocolos específicos que seguirán las autoridades en las próximas jornadas.