El presidente Abelardo de la Espriella ordenó que se adelante una investigación tras el atentado que sufrió Naylea Barros, excandidata a la Cámara por el Pacto Histórico. La directriz se conoce luego de que se reportara el ataque contra la exaspirante al legislativo en una zona del país que las autoridades intentan esclarecer.
Naylea Barros se había inscrito como candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, la coalición de izquierda que agrupó a varios sectores alternativos en los pasados procesos electorales. Tras la fallida aspiración, continuó con actividades políticas y sociales en la región, lo que la mantuvo expuesta en un territorio donde las disputas entre grupos armados ilegales son frecuentes.
El atentado se inscribe en una serie de hechos violentos que han afectado a ex candidatos, líderes sociales y excombatientes en distintas regiones de Colombia. Organizaciones de derechos humanos han documentado durante los últimos años el asesinato y las amenazas contra personas que hacen política local, un patrón que motivó reformas en el esquema de protección estatal.
La orden presidencial de investigar el caso se enmarca en las facultades del jefe de Estado para solicitar información a las fuerzas de seguridad y a la Fiscalía General de la Nación. En Colombia, los atentados contra líderes políticos suelen ser asumidos por la Fiscalía y unidades especializadas de la Policía Nacional, que recolectan evidencia en el sitio, entrevistan testigos y cruzan información con inteligencia militar.
El Pacto Histórico y otros movimientos políticos han pedido en repetidas ocasiones reforzar los mecanismos de protección individual y colectiva para quienes ejercen liderazgo en zonas de conflicto. La Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad encargada de asignar escoltas, chalecos y vehículos a personas en riesgo, aunque su capacidad operativa ha sido objeto de críticas por demoras en los estudios de amenaza.
La ciudadanía espera que la investigación arroje resultados concretos sobre los autores materiales e intelectuales del atentado contra Barros. Sectores políticos y sociales recordaron que la impunidad en casos similares sigue siendo alta, y que el esclarecimiento de los hechos se convierte en una prueba para el nuevo gobierno.
Queda por verse si la Fiscalía asumirá el caso de manera prioritaria y si la UNP evaluará el nivel de riesgo de otros ex candidatos y líderes comunitarios en la zona. Mientras tanto, distintas voces de la sociedad civil pidieron que las pesquisas no se limiten al ataque reciente y que se aborde el contexto de violencia política que afecta a varias regiones del país.
La orden del presidente De la Espriella marca un primer gesto del nuevo gobierno frente a un hecho que vincula la seguridad con el ejercicio de la oposición. El desarrollo de la investigación y las eventuales capturas que resulten del proceso serán seguidos de cerca por la opinión pública y por los partidos que han denunciado la persistencia de estos hechos.