De la Espriella dio la orden de desplegar una megaoperación contra el hurto y la comercialización ilegal de combustibles en el norte del país, según reportó Canal 1. La directriz presidencial apunta a uno de los eslabones más sensibles de la cadena del petróleo y los derivados en Colombia.
El sustento de la operación es una alerta reciente: solo en esa región se estarían extrayendo al mes más de 123.000 barriles de combustible refinado sin control oficial. Ese volumen sale al margen de los canales legales, lo que afecta tanto el inventario energético como el recaudo tributario del Estado.
Las pérdidas asociadas a este flagelo alcanzarían los 500.000 millones de dólares, una cifra que dimensiona el tamaño del desangre fiscal. Ese dinero deja de ingresar a las arcas públicas y termina en manos de redes organizadas que controlan puntos de extracción, transporte y venta clandestina.
El robo de combustibles no es nuevo en Colombia. Históricamente se ha concentrado en zonas cercanas a refinerías, oleoductos y plantas de almacenamiento, donde el producto puede ser desviado con relativa facilidad. Las autoridades han intentado atacar el problema con operativos puntuales, pero las redes se han reacomodado en distintas regiones.
La orden del presidente se inscribe en una línea de acción del Gobierno que busca fortalecer la defensa de la infraestructura energética y la lucha contra las economías ilegales. En esa estrategia también pesa el impacto sobre Ecopetrol y sobre los distribuidores mayoristas, que reportan faltantes y sobrecostos cuando el producto sale del circuito formal.
Para los ciudadanos, el fenómeno tiene consecuencias directas. El combustible desviado termina en estaciones de servicio informales, en vehículos que transportan carga de contrabando y, en muchos casos, en alijos destinados al narcotráfico. Cada barril robado representa menos recursos para salud, vías y seguridad en los municipios productores.
Desde el punto de vista institucional, el operativo compromete a la Fuerza Pública, a la Fiscalía y a los organismos de inteligencia, que deberán coordinarse para identificar puntos de extracción, perseguir a los responsables y judicializar las redes. También será clave la participación de la Dian y de las autoridades ambientales, dada la contaminación que genera la manipulación indebida de derivados del petróleo.
La magnitud de la cifra divulgada por Canal 1, más de 123.000 barriles mensuales y hasta 500.000 millones de dólares de pérdidas, obliga a que la operación tenga resultados verificables en el corto plazo. De lo contrario, el Gobierno enfrentará cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para contener el negocio ilegal del combustible.
Por ahora, el anuncio marca el inicio formal de la megaoperación y deja en manos de las Fuerzas Armadas y de los organismos de control la ejecución de las primeras acciones. Queda pendiente conocer el cronograma, las zonas priorizadas y los resultados concretos que se traduzcan en reducciones reales del volumen de combustible ilegal que circula en el norte del país.
La ciudadanía estará atenta al desarrollo de los operativos, a las capturas que se reporten y al impacto sobre el precio y la disponibilidad de combustibles en las regiones afectadas. La orden presidencial se convierte así en una prueba de fuego para medir la capacidad de respuesta del Estado frente a una de las economías criminales más lucrativas del país.