El presidente Abelardo de la Espriella decretó la militarización de Santa Marta, ciudad portuaria del Caribe colombiano, en respuesta a una seguidilla de ataques contra establecimientos comerciales y vehículos. La orden presidencial, emitida a mitad de semana, busca contener la espiral de violencia que afecta a los habitantes de esa capital del departamento del Magdalena, según reportó la Agencia France-Presse (AFP).
La medida implica el despliegue de tropas del Ejército en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de restablecer el orden público y proteger a la población civil. La decisión se conoce en un contexto de creciente preocupación por el avance de estructuras del narcotráfico en zonas urbanas y turísticas del Caribe colombiano, donde Santa Marta recibe cada año y posee un alto flujo de turistas por su calendario nacional y por su calendario festivo y por su condición de destino vacacional.
De la Espriella había advertido que la seguridad sería una prioridad de su administración. Con la militarización, el Ejecutivo eleva la respuesta del Estado frente al fenómeno de las organizaciones narcos que disputan territorios y rentas ilícitas en la región. La zona Caribe ha sido escenario recurrente de hechos violentos ligados al tráfico de drogas, la extorsión y el control de rutas hacia el exterior.
La medida afecta de manera directa a los habitantes de Santa Marta, a los comerciantes que han visto atacados sus negocios y a los dueños de vehículos alcanzados por los hechos vandálicos. También impacta al sector turístico, motor económico de la ciudad, que depende en buena parte de la percepción de seguridad para sostener su actividad.
Las reacciones ciudadanas, según recoge AFP, incluyen llamados a una mayor presencia estatal y operativos sostenidos que vayan más allá del despliegue inicial. Sectores políticos y sociales han reclamado que la militarización se acompañe de políticas sociales y de inteligencia que permitan desarticular las estructuras criminales que alimentan la oleada de violencia.
La Presidencia no ha detallado aún la magnitud exacta del operativo, ni la duración de la militarización, ni los batallones o unidades específicas que se harán cargo de la seguridad en Santa Marta. Tampoco se ha informado sobre capturas, operativos previos o investigaciones en curso que expliquen el repunte de hechos violentos reportado por AFP.
En las próximas horas se esperan pronunciamientos oficiales sobre el alcance de la medida y sobre eventuales decretos complementarios en materia de orden público. La situación en Santa Marta se suma a otros focos de tensión en el Caribe, lo que convierte a la seguridad regional en uno de los primeros retos visibles del gobierno de De la Espriella.