El presidente Abelardo de la Espriella ordenó este miércoles la militarización de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, como respuesta directa a la amenaza de paro armado emitida por un grupo narcoparamilitar que opera en la región Caribe. La decisión fue adoptada en coordinación con los mandos militares y de policía, según lo reportado por la agencia Notimérica.
La medida implica el despliegue de tropas del Ejército Nacional, junto con unidades de la Armada y la Fuerza Aérea, para reforzar la seguridad en la ciudad y en los corredores de acceso. También se activarán patrullajes conjuntos con la Policía Nacional en zonas urbanas y rurales cercanas, con el propósito de evitar bloqueos a la movilidad y proteger a la población civil.
Santa Marta es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y un puerto clave sobre el mar Caribe. Su economía depende en gran medida del turismo, la pesca y el comercio, por lo que cualquier alteración al orden público tiene un impacto inmediato en el empleo local y en la percepción de seguridad de la ciudad. La militarización llega en plenas temporadas de alta afluencia de visitantes.
Los grupos narcoparamilitares que operan en el norte de Colombia combinan actividades de narcotráfico, extorsión y control territorial. En los últimos años han recurrido al paro armado, una modalidad en la que imponen restricciones a la movilidad y al comercio, y en algunos casos impiden el ingreso de alimentos o combustible a las poblaciones bajo su influencia. Esa estrategia suele estar acompañada de amenazas directas contra comerciantes, transportadores y autoridades.
La declaración de paro armado no fue asumida por un grupo en particular, según el reporte de Notimérica, pero fuentes militares atribuyen la amenaza a estructuras del denominado Clan del Golfo o a disidencias que conservan prácticas paramilitares. En el Magdalena, la presencia de estas organizaciones se ha traducido en disputas por el control de rutas de salida de coca y de contrabando que pasan por la Sierra Nevada.
Desde el Gobierno nacional se reiteró que la Fuerza Pública mantendrá operaciones ofensivas mientras persista la amenaza. En comunicados anteriores, la administración de De la Espriella ha defendido la militarización como una herramienta legítima para preservar la vida y la libre circulación de los ciudadanos. Sectores de la oposición han cuestionado que esa estrategia se repita en distintas regiones sin abordar las causas estructurales de la violencia.
La Alcaldía de Santa Marta deberá coordinar con las fuerzas militares los puntos de control, la seguridad en los accesos al aeropuerto internacional Simón Bolívar y la protección de la infraestructura turística y portuaria. También se prevén restricciones a la circulación de motocicletas en determinados horarios, una medida que en episodios similares ha generado controversia por su efecto sobre la economía informal.
Para los habitantes de Santa Marta y los municipios vecinos, la militarización implica convivir con retenes, presencia de soldados en calles y restricciones temporales de movilidad. Comerciantes y transportadores han expresado en ocasiones anteriores que los paros armados, así como la respuesta militar, afectan su actividad económica, incluso después de que se restablece el orden.
Queda por verse si el grupo narcoparamilitar desactiva la amenaza o si el paro armado se concreta pese al despliegue militar. Las autoridades evalúan el tiempo que permanecerán las tropas en la ciudad, en función de la evolución de la alerta y de la capacidad de los grupos armados para sostener su anuncio.
La situación en Santa Marta se suma a una serie de episodios de violencia que han sacudido al Caribe colombiano en los últimos meses. El Gobierno enfrenta el reto de demostrar resultados en materia de seguridad en una región estratégica para el comercio exterior y el turismo del país.