El presidente Abelardo de la Espriella anunció el inicio de operativos conjuntos entre Migración Colombia y la Policía Nacional dirigidos a migrantes en situación irregular o vinculados a actividades delictivas. Según declaró, las acciones arrancarán esta misma semana, de acuerdo con el reporte de La Razón.
El mandatario afirmó que el procedimiento incluirá deportaciones, una facultad que Migración Colombia ejerce dentro del marco legal sobre extranjeros que no cumplen los requisitos para permanecer en territorio colombiano. La medida llega tras semanas de debate público sobre el rol de la migración en problemas de convivencia y seguridad en varias ciudades del país.
Migración Colombia es la entidad encargada de controlar el ingreso y la permanencia de extranjeros, y trabaja de forma articulada con la Policía para verificar documentos y adelantar expulsiones cuando corresponde. Estos operativos se realizan periódicamente, pero su intensificación responde a una instrucción directa del jefe de Estado.
El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación ciudadana por hechos de inseguridad atribuidos a personas extranjeras en distintas zonas urbanas. Organizaciones sociales y de derechos humanos han pedido en otras ocasiones que estos procedimientos respeten las garantías legales y eviten perfiles raciales o generalizaciones.
La coordinación entre las dos entidades implica, en la práctica, que Migración desplegará verificadores de documento mientras la Policía aporta su capacidad operativa en calles, establecimientos y puntos de concentración de población migrante. Las personas que no acrediten su situación regular podrán ser conducidas a centros de procesamiento y, eventualmente, deportadas.
Para los migrantes en regla, la instrucción no debería modificar su estatus. Sin embargo, el despliegue puede afectar a quienes tengan documentos pendientes, permisos vencidos o trámites sin resolver, casos en los que las autoridades suelen ofrecer plazos antes de proceder a una sanción migratoria.
La reacción de los gremios productivos, que dependen de mano de obra extranjera en sectores como agricultura, construcción y servicios, también entra en el cálculo del Gobierno. Hasta ahora no se conoce una excepción explícita para trabajadores con vínculo laboral formal, aunque Migración suele canalizar estos casos por la vía administrativa.
Organizaciones de la sociedad civil han recordado que Colombia es signataria de la Convención de Ginebra y de pactos regionales sobre derechos humanos, por lo que cualquier deportación debe seguir debido proceso, con derecho a defensa y notificación consular. El Gobierno no ha detallado aún los protocolos que aplicará en esta fase.
Queda por ver el volumen de operativos, las ciudades priorizadas y los indicadores que el Gobierno usará para medir resultados. La Razón reportó la declaración presidencial, y será ese mismo medio, junto con Migración Colombia, el que deberá precisar el alcance operativo de la medida en los próximos días.