El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la realización de operativos coordinados dirigidos a deportar a migrantes que se encuentren en condición irregular en Colombia y, de manera específica, a aquellos extranjeros que hayan cometido delitos. Así lo reporta el portal areacucuta.com, que destaca el tono directo del anuncio presidencial con la frase: "Se van, es una decisión política".
De acuerdo con la fuente, los operativos tendrán esta semana como prioridad la ciudad de Barranquilla. La orden apunta a coordinar acciones entre las entidades encargadas del control migratorio y de seguridad para ejecutar los procedimientos en el menor tiempo posible. La medida fue presentada por el propio jefe de Estado como una decisión de carácter político.
Colombia ha sido en los últimos años el principal receptor de población migrante venezolana, un fenómeno que se intensificó a partir de 2017 y que tuvo su pico entre 2019 y 2022. En ese contexto, la política migratoria del país se ha debatido entre la regularización, a través de mecanismos como el Permiso por Protección Temporal (PPT), y los controles fronterizos. La decisión del presidente se inscribe en esta segunda línea.
La población colombiana de origen venezolano es una de las más afectadas por anuncios de este tipo. Aunque el Gobierno no ha detallado públicamente cifras de deportaciones para esta semana, las autoridades migratorias suelen reportar los operativos en sus canales oficiales una vez concluyen. Para los migrantes en situación regular, la orden presidencial no debería alterar su estatus, siempre que su documentación esté vigente.
En materia de seguridad ciudadana, la medida se enfoca en los extranjeros que hayan cometido delitos. Esto pone el foco en la reincidencia y en la coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía y Migración Colombia. Las ciudades con mayor concentración de migrantes suelen ser las priorizadas en este tipo de dispositivos, según el criterio expresado por el propio Gobierno.
La fuente consultada no registra reacciones de otros actores políticos, ni de la Defensoría del Pueblo ni de organizaciones que trabajan con la población migrante. Tampoco se mencionan declaraciones de autoridades locales de Barranquilla. El alcance del anuncio se limita, por ahora, a la orden presidencial y a su ejecución en el corto plazo.
Queda pendiente conocer el balance oficial de los operativos en Barranquilla una vez concluyan, así como los criterios operativos que se aplicarán para distinguir entre migrantes en situación irregular y extranjeros con antecedentes penales. También está por verse si la medida se extenderá a otras ciudades del país en las próximas semanas.
Para la ciudadanía en general, el llamado de las autoridades suele ser el de respetar los procedimientos y verificar la documentación propia y de quienes contratan servicios. En el caso de los migrantes, Migración Colombia es la entidad encargada de informar sobre los canales de regularización y de los derechos que les asisten durante cualquier procedimiento de control.