El presidente Abelardo de la Espriella anunció que esta semana arrancan operativos coordinados con la Policía Metropolitana de Barranquilla dirigidos a migrantes que no estén regularizados en Colombia. La orden, emitida por el jefe de Estado, alcanza a todas las personas en esa condición, según reportó El Heraldo.
De acuerdo con la información publicada por ese medio, dentro del universo de extranjeros sin documentación vigente la prioridad la tendrán quienes hayan cometido delitos. El anuncio se produce en un contexto en el que la ciudad de Barranquilla, capital del Atlántico, es uno de los puntos del Caribe colombiano con mayor flujo migratorio y donde distintas autoridades han reiterado la necesidad de reforzar los controles.
La Policía Metropolitana de Barranquilla es la fuerza encargada de ejecutar los procedimientos en coordinación con Migración Colombia, entidad que en el país tiene la competencia sobre el control migratorio y los procesos de verificación de permanencia de extranjeros. El Heraldo no especificó cuántos uniformados ni cuántas unidades adicionales se desplegarán en esta primera fase.
El anuncio presidencial sitúa la política migratoria dentro del eje de seguridad pública, al condicionar la permanencia regular en el país al cumplimiento de la ley. Para los migrantes con documentación al día, la orden no representa, en principio, ninguna afectación, mientras que para quienes estén en condición irregular abre la puerta a procedimientos administrativos que pueden concluir en expulsión del territorio nacional.
La directriz se conoce en un momento en el que el Gobierno nacional ha reiterado su intención de fortalecer la presencia institucional en las regiones. En el caso del Atlántico, distintos gremios y autoridades locales habían planteado, en los últimos meses, la necesidad de un trabajo articulado entre la fuerza pública y las entidades de migración para atender situaciones que van desde la informalidad laboral hasta la comisión de delitos por parte de personas extranjeras.
Voceros de derechos de los migrantes consultados en otras ocasiones han insistido en que cualquier proceso de deportación debe respetar las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa. El Heraldo no incluyó, en la información divulgada, pronunciamientos de organizaciones de migrantes, de la Defensoría del Pueblo ni de la propia Migración Colombia sobre los alcances operativos de la orden.
Como antecedentes cercanos, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, vigente desde 2021, permitió la regularización de cientos de miles de personas en el país. Quienes no accedieron a ese mecanismo o no pudieron acreditar los requisitos quedaron en condición irregular y, por tanto, en el universo al que apunta la orden anunciada por el presidente De la Espriella.
El Heraldo tampoco reportó fecha de cierre de los operativos ni puntos fijos donde se adelantarán los procedimientos. Lo que queda pendiente es conocer el balance que entregue la Policía Metropolitana tras la primera semana de controles, así como eventuales reacciones de la Defensoría del Pueblo, de la Cancillería y de las organizaciones que acompañan a la población migrante en Barranquilla.