El presidente electo Abelardo de La Espriella tomó como primera acción pública en materia de control disciplinario una orden directa a su gabinete designado. Le pidió a quien será su ministro del Interior que solicite ante la Procuraduría General de la Nación la revisión de varios procesos contractuales de la Unidad Nacional de Protección, según reportó El País de Cali en su edición digital.
De acuerdo con la información divulgada por ese diario, los convenios cuestionados suman más de 78.000 millones de pesos. La orden del presidente electo se enfoca en pedir al Ministerio Público que adelante las actuaciones disciplinarias correspondientes, si encuentra mérito para ello dentro de su competencia.
La Unidad Nacional de Protección es la entidad estatal encargada de asignar y gestionar los esquemas de seguridad de personas que enfrentan riesgos por su actividad pública, social o periodística. Su presupuesto y sus procesos de contratación han sido objeto de debates en Colombia en los últimos años por la magnitud de los recursos que maneja y por denuncias de distintas procedencias.
La figura del ministro del Interior ha tenido históricamente un papel central en la interlocución entre el Gobierno nacional y los organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría. Pedir la intervención del Ministerio Público en una etapa previa al inicio formal del nuevo gobierno es un gesto que busca marcar la línea de la administración que está por comenzar.
En el extracto publicado por El País no se detallan los nombres de los funcionarios involucrados en los contratos ni las fechas precisas de suscripción de los convenios. Tampoco se especifica si los procesos ya fueron materia de investigación por otras entidades o si se trata de una revisión que se origina exclusivamente por la solicitud del presidente electo.
La instrucción se conoce cuando el nuevo gobierno todavía no ha asumido el mando. Abelardo de La Espriella fue elegido en las recientes elecciones presidenciales y se prepara para iniciar su período constitucional. Entre tanto, los ministerios designados trabajan en la transición y en los empalmes con las carteras salientes.
El impacto potencial de la decisión depende de lo que determine la Procuraduría. Si el Ministerio Público abre investigaciones disciplinarias, las pesquisas podrían derivar en sanciones a funcionarios o en hallazgos fiscales con traslado a la Contraloría. Si decide archivar, el pedido quedará como antecedente de la postura del nuevo gobierno frente al manejo de la UNP.
Quedan pendientes varios elementos por esclarecer en los próximos días. Entre ellos, el listado exacto de los convenios bajo revisión, los funcionarios que aparecen como responsables contractuales y la respuesta formal que entregue la Procuraduría a la solicitud que radicará el ministro del Interior designado. El País de Cali será una de las fuentes a seguir conforme avance esta línea.