El presidente Abelardo de la Espriella impartió la orden de revisar los sistemas de fotodetección que operan en el territorio nacional. La instrucción fue dirigida a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entidad encargada de velar por el cumplimiento de la normativa en materia de control de tránsito.
El anuncio se produce en medio de una investigación por cerca de 40.000 comparendos emitidos en Cartago, Valle del Cauca, que estarían bajo sospecha. Según la fuente, los dispositivos involucrados habrían funcionado sin haber registrado oficialmente el inicio de su operación ante las autoridades competentes.
De la Espriella fue categórico al señalar que todo equipo que opere al margen de la ley debe ser retirado. “El dispositivo que no cumpla la ley no puede operar”, afirmó el mandatario, según consignó Infobae. Con esa frase marcó el criterio central de la revisión ordenada.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene dentro de sus funciones la verificación técnica y legal de los cinemómetros y demás equipos de medición que utilizan los municipios y concesionarios para imponer multas automáticas. Su labor incluye comprobar que los aparatos cumplan con los requisitos de calibración, homologación y registro previo.
El caso de Cartago pone bajo la lupa un debate que se repite en varias ciudades del país: la proliferación de cámaras y fotomultas sin la debida autorización. Conductores y ciudadanos han cuestionado en distintas ocasiones la legalidad de algunos procedimientos, mientras los mandatarios locales defienden estas herramientas como mecanismos para reducir la siniestralidad vial.
La decisión presidencial implica que los operativos de fotodetección en Colombia quedan sometidos a un proceso de revisión. Si la ANSV encuentra equipos sin registro vigente o sin calibración certificada, podría ordenar su suspensión hasta que los operadores acrediten el cumplimiento de todos los requisitos legales.
Para los ciudadanos, esta revisión puede traducirse en la suspensión temporal de sanciones en zonas donde los equipos no acrediten su legalidad. Conductores que hayan recibido comparendos de dispositivos no registrados podrían, eventualmente, solicitar la anulación de las multas si la investigación confirma las irregularidades.
Desde el punto de vista institucional, la orden supone un llamado de atención a las alcaldías y a los concesionarios que gestionan estos sistemas. El mensaje del Gobierno es claro: ningún equipo de fotodetección puede seguir operando si no cumple con los trámites y condiciones que exige la ley.
Queda por conocer el resultado de las verificaciones que adelante la Agencia Nacional de Seguridad Vial y si la investigación sobre los 40.000 comparendos de Cartago derivará en sanciones administrativas, penales o en la devolución de dineros a los conductores afectados. La revisión ordenada por el presidente marca el inicio de un proceso que promete redefinir el funcionamiento de las fotomultas en el país.