El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una revisión exhaustiva de todas las fotomultas impuestas en el país, tras detectar que cerca de 40.000 órdenes de comparendo podrían haber sido impuestas por dispositivos que, aunque estaban autorizados, no contaban con un registro oficial vigente, según informó La República.
La decisión se conoce en un contexto en el que la detección electrónica de infracciones de tránsito ha crecido de manera sostenida en Colombia durante la última década. Las cámaras y radares son operados por concesiones territoriales, alcaldías y, en algunos casos, por la Policía Nacional, bajo marcos regulatorios que han cambiado varias veces desde la expedición del Código Nacional de Tránsito.
El Ministerio de Transporte y las autoridades de tránsito quedaron a cargo de la verificación técnica y jurídica de los equipos señalados. La instrucción presidencial busca determinar si los dispositivos cumplían con los requisitos legales al momento de imponer las sanciones y si los comparendos derivados deben mantenerse, anularse o repetirse.
Para los conductores, el efecto inmediato es la incertidumbre sobre miles de multas ya notificadas y, en muchos casos, pagadas. Si la revisión concluye que hubo fallas en el registro de los equipos, los comparendos podrían ser anulados y procedería la devolución de los recursos cobrados, un proceso que en Colombia suele extenderse por meses por la vía administrativa o judicial.
La situación también abre un frente fiscal para los municipios, que en varias ciudades financian parte de su presupuesto de movilidad y seguridad vial con el recaudo por fotomultas. Una eventual caída en la recaudación obligaría a las entidades territoriales a revisar sus planes de inversión en infraestructura vial y en programas de prevención de accidentes.
Sectores del transporte y asociaciones de usuarios han reclamado durante años mayor transparencia sobre la operación de los dispositivos. La revisión ordenada por el presidente llega, según el reporte de La República, como respuesta a una alerta interna sobre inconsistencias en el registro de los equipos autorizados, y no a partir de una denuncia ciudadana puntual.
Gobiernos anteriores han enfrentado episodios similares. En distintas ciudades se han detectado errores en la calibración o en la homologación de cámaras, lo que ha derivado en suspensiones temporales y en demandas contra los operadores. La diferencia en este caso es el volumen estimado de comparendos bajo revisión, que supera los registros habituales por anomalías técnicas.
Queda pendiente el cronograma oficial de la revisión, la definición de los criterios con los que se evaluará cada caso y el procedimiento para que los ciudadanos conozcan el estado de sus comparendos. La Casa de Gobierno y el Ministerio de Transporte deberán fijar también los tiempos para responder a los recursos que se acumulen durante el proceso.