El presidente Abelardo de la Espriella dio la orden de reubicar a 120 personas privadas de la libertad que se encontraban recluidas en centros carcelarios de Buenaventura. El destino serán establecimientos de máxima seguridad del orden nacional, donde el control sobre la población reclusa es mayor y se reducen las posibilidades de coordinación con redes criminales externas.
La decisión se conoce luego de que el propio mandatario señaló que el grupo trasladado tenía azotada a la capital del departamento del Chocó, Quibdó. Esa ciudad ha enfrentado durante años episodios recurrentes de violencia asociada al accionar de organizaciones criminales que disputan rentas ilegales en la región, una situación que las autoridades han intentado atender con operativos militares y policiales sostenidos.
El traslado de internos entre centros de detención en Colombia está regulado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, entidad adscrita al Ministerio de Justicia que administra los más de 130 establecimientos de reclusión del país. Las cárceles de máxima seguridad, como las de Combita, La Tramacúa y La Picota, concentran a internos considerados de alta peligrosidad y con perfiles vinculados a estructuras armadas organizadas.
Para Buenaventura, el movimiento de 120 internos implica un cambio en la dinámica del establecimiento de origen. El municipio cuenta con una de las penitenciarías más grandes del litoral Pacífico y ha registrado incidentes internos en el pasado, entre ellos motines y riñas que las autoridades atribuyen a la presencia de facciones rivales que mantienen disputas incluso desde la reclusión.
En materia de seguridad ciudadana, la medida busca cortar la influencia que internos radicados en una ciudad puedan ejercer sobre actividades ilícitas en otra región del país, práctica conocida como control delictivo desde las cárceles. Ese fenómeno ha sido documentado en distintas zonas del territorio colombiano, donde presos continúan coordinando extorsiones, tráfico de drogas y otras conductas delictivas.
La decisión se enmarca en la línea de seguridad que el Gobierno nacional ha presentado como prioritaria, con énfasis en la lucha contra el multicrimen y el debilitamiento de las estructuras armadas que afectan a ciudades intermedias y zonas portuarias. Departamentos como Chocó y Valle del Cauca registran tasas de violencia por encima del promedio nacional, según mediciones de la Policía y de la Fiscalía.
Desde el Gobierno no se entregó un listado público de las personas trasladadas ni se detallaron sus identidades y antecedentes. Tampoco se precisaron los penales de destino ni la fecha exacta del operativo, aspectos que suelen coordinarse entre el Inpec y la fuerza pública para garantizar la seguridad durante el desplazamiento de internos de alta peligrosidad.
Queda pendiente conocer los resultados del traslado en términos de reducción de los hechos violentos en Quibdó. La efectividad de este tipo de operativos depende en buena medida de las acciones complementarias que se adelanten en territorio, como el refuerzo de la presencia militar y los procesos de investigación e judicialización que permitan llevar a los responsables ante la justicia.