El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de 20 personas privadas de la libertad que se encontraban en centros carcelarios de Barranquilla hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá. La medida fue anunciada este martes y ratifica la línea del Gobierno frente al control de las prisiones.
Según el reporte de EL HERALDO, el jefe de Estado sostuvo que “desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen”. La declaración fue hecha como sustento del traslado y como mensaje directo a las estructuras criminales que operan desde los penales.
El pronunciamiento incluyó una advertencia dirigida a los internos con beneficios o tratamientos especiales: “se acabaron los privilegios”, indicó el presidente, sin precisar el número ni la identidad de los reclusos favorecidos por esas condiciones. La frase quedó incorporada al decreto operativo que sustenta los traslados.
Con esta decisión, la población reclusa involucrada quedará bajo la custodia del sistema penitenciario de la capital. Los centros de destino en Bogotá concentran buena parte de la infraestructura de alta y mediana seguridad del país, a donde suelen remitirse internos vinculados a organizaciones criminales de mayor complejidad.
La medida responde a un patrón que el Gobierno ha profundizado durante los últimos meses: el traslado de presos considerados de alta peligrosidad o con influencia sobre redes de extorsión. El objetivo declarado es cortar la comunicación entre cabecillas y sus estructuras en las ciudades, un fenómeno que las autoridades han identificado como factor clave en la persistencia del cobro de extorsiones.
En Barranquilla, la decisión tiene implicaciones directas para los familiares de los reclusos, quienes deberán asumir viajes más largos y costosos para las visitas, y para la dinámica de seguridad del Distrito, donde se sostiene que varios centros de detención eran usados como centros de mando de estructuras dedicadas a la extorsión.
La decisión presidencial se inscribe en la estrategia de seguridad del Gobierno nacional, que ha colocado la lucha contra la extorsión como una de sus prioridades. La extorsión, según denuncias ciudadanas y reportes de gremios, golpea especialmente a comerciantes, transportadores y habitantes de barrios populares del Caribe colombiano.
El anuncio se conoce en un contexto en el que el INPEC viene reportando limitaciones de cupo y hacinamiento en distintos penales del país. Los traslados hacia Bogotá, donde también hay presiones de capacidad, requerirán coordinación logística entre la Policía, la Fuerza Disponible y el cuerpo de custodia penitenciaria.
Por ahora, el Gobierno no ha detallado los nombres de los internos trasladados ni los centros exactos de Bogotá que los recibirán. Familiares y abogados defensores deberán ser notificados a través de los canales oficiales del INPEC en el marco de los procedimientos administrativos y judiciales que regulan estos movimientos.
La orden queda en manos del Ministerio de Justicia y del INPEC para su ejecución inmediata, mientras en Barranquilla y otras ciudades del Caribe se esperan reacciones de las organizaciones dedicadas a la extorsión, que suelen verse afectadas cuando se les corta el vínculo operativo con cabecillas recluidos.