El presidente Abelardo de la Espriella pidió este domingo una operación conjunta de las fuerzas de seguridad para desactivar una presunta red criminal dedicada al robo de combustible en Colombia. La solicitud fue hecha pública un día después de que se conocieran reportes sobre incrementos en el hurto y la manipulación ilegal de hidrocarburos en distintas regiones.
Según el reporte recogido por Notimérica, la orden presidencial está dirigida a articular el trabajo de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los organismos de investigación judicial. El objetivo declarado es identificar a los responsables, capturar a los cabecillas y cerrar los puntos donde se estaría comercializando el combustible extraído de manera ilícita.
El robo de combustible, conocido en el sector energético como 'pérdidas no técnicas' o contrabando de hidrocarburos, es un fenómeno que afecta al país desde hace décadas. Tiene impacto en las finanzas de Ecopetrol y en los ingresos del Estado por impuestos y regalías. También genera riesgos ambientales por derrames y riesgos para la seguridad de las comunidades que habitan cerca de los ductos.
En Colombia, la extracción y venta ilegal de combustibles suele estar vinculada a grupos armados organizados que operan a lo largo de los oleoductos y en zonas de difícil acceso. Las autoridades han señalado en distintas ocasiones que el negocio ilícito del hidrocarburo financia otras actividades criminales, lo que explica el interés permanente del Estado en perseguirlo.
La instrucción del jefe de Estado se conoce en un contexto en el que el país debate cómo fortalecer la lucha contra las economías ilegales que financian a estructuras criminales. Para los ciudadanos, este tipo de operativos puede traducirse en mayor presencia militar y policial en zonas rurales y en corredores de transporte de crudo y derivados.
La orden de De la Espriella también pone la lupa sobre las refinerías, los transportadores y las estaciones de servicio. La Fiscalía y la Policía han reiterado que parte del combustible robado termina en redes de distribución informal o se mezcla con el combustible legal, lo que afecta la calidad del producto que llega a los consumidores.
Hasta el momento, la Presidencia no ha detallado públicamente el nombre de la red señalada ni el número de personas involucradas. Tampoco se han informado regiones específicas de la operación, pero se espera que en los próximos días las Fuerzas Militares y la Fiscalía entreguen un balance de las capturas, los decomisos y las instalaciones desmanteladas.
El Gobierno deberá ahora coordinar con la rama judicial para que las capturas se traduzcan en procesos penales efectivos. La ciudadanía, por su parte, observa si la operación anunciada se materializa en resultados verificables en las próximas semanas y si reduce la oferta de combustible de origen ilegal en las zonas afectadas.