El presidente Abelardo de la Espriella giró una instrucción directa a los ministerios de Defensa y Justicia para que respalden la defensa técnica de los ciudadanos colombianos imputados en Estados Unidos por el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, asesinado en julio de 2021 en Puerto Príncipe. La orden, reportada por Cablenoticias, sitúa al gobierno colombiano como garante de la asistencia legal de los connacionales involucrados en el caso.
El proceso judicial por la muerte de Moïse se desarrolla en un tribunal federal de Estados Unidos, país que extraditó a varios de los sospechosos para juzgarlos. Entre los acusados se encuentran exintegrantes de las Fuerzas Militares de Colombia, un grupo de veteranos con experiencia en operaciones especiales que se habían radicado en Haití como parte de esquemas de seguridad privada. El juicio reviste complejidad porque combina la jurisdicción extranjera, la condición de militares retirados de los acusados y el interés político del caso en toda la región.
Con la instrucción presidencial, los ministerios de Defensa y Justicia deberán articular la contratación o asignación de abogados, peritos y recursos logísticos para acompañar a los connacionales durante las audiencias. La medida también puede incluir el apoyo consular de la Cancillería y la verificación de las condiciones de reclusión, según el alcance que el gobierno defina en los próximos días.
La orden se conoce en un momento sensible para las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, socios estratégicos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. El caso Moïse ha generado roces diplomáticos menores por la intervención de personal colombiano en la escena del crimen, y el respaldo oficial a la defensa busca asegurar que el proceso se adelante con plenas garantías para los acusados.
Para los exmilitares procesados, el apoyo del gobierno colombiano representa una diferencia práctica: la defensa en una Corte Federal de Estados Unidos exige recursos elevados y conocimiento detallado del sistema penal estadounidense. Contar con abogados designados o coordinados por el Estado colombiano puede mejorar las condiciones de representación legal y reducir asimetrías frente a la Fiscalía.
La instrucción también abre interrogantes sobre el alcance de la responsabilidad del Estado frente a uniformados retirados que prestan servicios en el exterior. Colombia ha mantenido históricamente una postura de cooperación con la justicia de otros países cuando hay colombianos involucrados, pero la decisión de asumir la defensa constituye un nivel de compromiso poco frecuente en la política exterior del país.
Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho penal internacional han recordado que el respaldo a la defensa no equivale a una exculpación previa. El proceso deberá determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los imputados, entre ellos exsoldados y exsuboficiales que habrían viajado a Haití en los meses previos al asesinato de Moïse. Hasta el momento, varios de los acusados se han declarado no culpables.
Cablenoticias no detalla la fecha exacta de la instrucción ni los nombres de los ministros a quienes fue dirigida. Queda pendiente conocer el decreto o la directiva oficial que materialice la orden, el presupuesto asignado para la defensa y el listado completo de connacionales que recibirán el acompañamiento. El desarrollo del juicio en Estados Unidos y los primeros resultados de la asistencia legal marcarán el próximo capítulo del caso.