El presidente Abelardo de la Espriella ordenó militarizar Santa Marta y recuperar plenamente el control territorial en esa ciudad, según declaró el propio Mandatario. La instrucción fue dirigida de manera directa a la Fuerza Pública, a la que pidió blindar la región tras los hechos de violencia registrados en las últimas horas.
La decisión se conoce después de la muerte de alias Cholo, un cabecilla señalado por las autoridades como uno de los actores armados determinantes en la dinámica criminal del Magdalena. De acuerdo con el reporte oficial recogido por La República, el presidente vinculó ese hecho con la necesidad de impedir que las estructuras que operaban bajo su mando reacomodaran su presencia en el territorio.
Santa Marta es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y uno de los puertos más activos sobre el Caribe. Cualquier alteración grave del orden público tiene efectos directos sobre el comercio, el transporte, la actividad hotelera y la vida cotidiana de sus habitantes, que superan el medio millón de personas. La militarización implica un despliegue excepcional de tropas, que se suma a los dispositivos permanentes de la Policía Metropolitana.
Durante los últimos años, la ciudad ha enfrentado episodios de inseguridad asociados a disputas entre grupos armados organizados, dedicados al narcotráfico, la extorsión y el control de barrios periféricos. La muerte de un cabecilla suele abrir una ventana de inestabilidad, porque las facciones rivales intentan ocupar los espacios que deja la estructura afectada, y porque los miembros restantes buscan replegarse o vengan la caída de su líder.
La instrucción del presidente se inscribe en la línea que el Gobierno ha mantenido desde el inicio de su mandato: reforzar la presencia militar en las zonas donde el Estado ha perdido capacidad de fiscalización. El objetivo declarado por el Ejecutivo es que la Fuerza Pública no solo reaccione a los hechos, sino que adelante operaciones sostenidas que disuelvan los aparatos logísticos y financieros de las organizaciones criminales.
En materia institucional, la medida implica un trabajo coordinado entre el Ejército, la Armada y la Policía, con apoyo de la Fiscalía para las capturas y judicializaciones que se desprendan de los operativos. También supone el acompañamiento de la Alcaldía Distrital, responsable de los servicios públicos y la atención social en los sectores donde las bandas han ganado influencia.
La militarización de Santa Marta se suma a otras decisiones recientes del Gobierno en materia de seguridad, que han priorizado la recuperación territorial sobre los acuerdos de sometimiento o las mesas de diálogo. Sectores políticos y académicos han planteado que esa vía puede dar resultados en el corto plazo, pero que requiere acompañarse de inversión social y presencia institucional permanente para evitar que los grupos armados regresen cuando las tropas se retiren.
Por ahora, el Gobierno no ha detallado cuántos uniformados llegarán a la ciudad ni el tiempo que permanecerá el dispositivo especial. Lo que sí es claro, según la versión del presidente, es que la instrucción a la Fuerza Pública es blindar la región y no permitir que los hechos de violencia recientes queden sin respuesta estatal. La ciudadanía samaria espera que las medidas se traduzcan en una mejora verificable de la seguridad en los barrios y en el centro turístico.