El Ministerio de Defensa Nacional expidió el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, mediante el cual se levanta la suspensión general que pesaba sobre los permisos para el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional. La decisión se conoce en el marco de la administración del presidente Abelardo de la Espriella.
Con esta medida, el porte legal de armas deja de estar suspendido de manera general y vuelve a regirse por las normas ordinarias que regulan la materia en Colombia. Hasta antes del decreto, los ciudadanos tenían restringida esa posibilidad, por lo que la expedición del nuevo acto administrativo reabre la puerta a las solicitudes y renovaciones de permisos ante la autoridad competente.
El porte de armas en el país es regulado por el Ministerio de Defensa, entidad encargada de fijar los lineamientos sobre quién puede solicitar el permiso, los requisitos que debe acreditar y las zonas donde aplica la restricción. La suspensión general había impedido, por un tiempo, la tramitación ordinaria de esos permisos en todo el territorio.
La decisión del Gobierno Nacional tiene efectos directos sobre los ciudadanos que habían visto paralizados sus trámites para obtener o renovar el permiso de porte. A partir de la entrada en vigencia del decreto, los interesados podrán iniciar o continuar los procesos ante el Ministerio de Defensa, siempre que cumplan con los requisitos legales vigentes.
El levantamiento de la suspensión se inscribe en la línea de la administración de De la Espriella en materia de seguridad y orden público. Aunque la medida no detalla una política integral en este campo, sí marca un cambio frente al esquema que restringía de forma general la posibilidad de portar armas de fuego en Colombia.
Colombia cuenta con una de las legislaciones más detalladas de la región sobre armas de fuego, con permisos diferenciados para el porte y la tenencia. El Ministerio de Defensa evalúa cada solicitud considerando antecedentes, condiciones del solicitante y el tipo de arma, entre otros criterios.
La medida ha sido reseñada por medios internacionales, como Bloomberg Línea, que publicó la noticia sobre el contenido del decreto. Hasta el momento no se conoce una posición oficial de otros actores institucionales, como la Fiscalía o las fuerzas armadas, sobre eventuales ajustes operativos derivados del cambio normativo.
Queda por verse cómo se traduce el decreto en la práctica. Los ciudadanos y los establecimientos dedicados a la comercialización de armas legales estarán atentos a la reapertura de los trámites y a los lineamientos específicos que el Ministerio de Defensa pueda expedir para acompañar la transición.