El presidente Abelardo de la Espriella dirigió un mensaje directo al expresidente Gustavo Petro y al senador Cepeda, en el que les pidió no convocar ni impulsar movilizaciones que terminen en hechos de violencia. La solicitud fue reportada por Infobae.
El pronunciamiento ocurre en medio de un ambiente político polarizado en Colombia, donde distintos sectores han salido a las calles en los últimos meses a expresar posiciones sobre las reformas y la gestión del Estado.
Desde el Gobierno nacional se ha reiterado en varias oportunidades que la protesta pacífica es un derecho constitucional, pero que las vías de hecho y los bloqueos afectan a la ciudadanía y a la economía. En ese marco se inscribe la advertencia del Mandatario.
La petición a las dos figuras mencionadas tiene peso político. Petro es el líder de la oposición y mantiene una base movilizable, mientras que Cepeda ha sido una voz visible en el Congreso y en escenarios públicos durante el actual ciclo de gobierno.
Para la Casa de Nariño y para el presidente De la Espriella, según la fuente, el llamado busca evitar que la discusión política se traslade a las calles con episodios que pongan en riesgo a los ciudadanos o a la fuerza pública.
En las últimas semanas se han presentado concentraciones en distintas ciudades del país, algunas con disturbios y afectaciones a la movilidad. El Gobierno ha vinculado parte de esos hechos a convocatorias hechas en redes sociales y plataformas políticas.
Sectores cercanos al oficialismo han respaldado el tono del mensaje presidencial y han pedido a las autoridades actuar con firmeza frente a los vandalismos. Voceros de la oposición, en respuesta, han defendido el derecho a la protesta y han negado promover la violencia.
Queda por verse si el llamado será atendido por los señalados y si las próximas jornadas de movilización se desarrollarán de forma pacífica. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional suelen ser los encargados de garantizar el orden público en estas jornadas.
Más allá del cruce de declaraciones, el episodio deja sobre la mesa una pregunta de fondo sobre los límites entre la protesta social, la oposición política y la preservación del orden público en Colombia.