El presidente Abelardo de la Espriella elevó ante el contralor general de la Nación una solicitud formal para crear un grupo élite de investigación. Según EL HERALDO, el pedido busca esclarecer presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Gustavo Petro, que gobernó entre 2022 y 2026.
En su declaración, recogida por EL HERALDO, el jefe de Estado calificó el periodo anterior como “un cuatrenio de piratas y ladrones”. Se trata de una expresión fuerte, propia del lenguaje de confrontación política, con la que el actual gobierno marca distancia del que lo antecedió.
De la Espriella también aseguró que “el desgobierno anterior sumió a Colombia en la peor crisis fiscal de la historia”. Con esa frase insistió en que la herencia económica dejada por la administración Petro es el punto de partida crítico de su gestión.
La Contraloría General de la Nación es el organismo encargado de vigilar el uso de los recursos públicos y de establecer responsabilidades fiscales. La creación de un grupo élite dentro de esa entidad implicaría concentrar capacidad técnica y operativa en un expediente específico, como ocurrió en otros momentos de la historia reciente del país.
La solicitud se inscribe en una línea de anuncios que el gobierno de De la Espriella viene haciendo desde su posesión. En varias intervenciones públicas, el presidente ha reiterado que su administración revisará de manera exhaustiva las decisiones presupuestales, contractuales y de inversión de los últimos cuatro años.
La petición presidencial ocurre en un contexto de alta sensibilidad institucional. La Contraloría es un organismo independiente del Ejecutivo, por lo que el contralor debe evaluar la procedencia técnica y jurídica del equipo solicitado antes de tomar una decisión.
Para la ciudadanía, la investigación anunciada podría traducirse en procesos de responsabilidad fiscal, investigaciones disciplinarias en entidades de control y eventuales acciones penales si se identifican hechos constitutivos de delito. Hasta ahora no se conocen nombres de exfuncionarios, contratos específicos ni montos involucrados en las presuntas irregularidades.
Desde la oposición y desde sectores cercanos al gobierno anterior se anticiparon reacciones de rechazo. Calificativos como “piratas y ladrones” suelen generar crispación política, aunque no reemplazan las pruebas que un ente de control debe reunir para abrir investigaciones formales.
Quedan varios puntos por esclarecer: la respuesta oficial del contralor a la solicitud del presidente, el alcance y la composición del eventual grupo élite, los expedientes concretos que se abrirían y los plazos que se trazaría la investigación. El desarrollo de estos pasos será clave para medir el alcance real del anuncio.