El presidente electo Abelardo de la Espriella giró una instrucción directa al comité de empalme anticorrupción de su gobierno de transición. Según informó 360 Radio, pidió al equipo, liderado por Álvaro Restrepo, estudiar la presentación de denuncias formales por los presuntos nexos entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el Clan del Golfo.
La orden incluye revisar de manera específica las actuaciones del excomisionado de Paz Danilo Rueda, quien estuvo al frente de los diálogos con estructuras armadas ilegales durante la administración Petro. De la Espriella solicitó que se recopile toda la información disponible sobre ese proceso para analizarla antes de cualquier decisión judicial.
Como parte del mismo mandato, el comité debe remitir los hallazgos al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esa disposición abre la puerta a una eventual cooperación con autoridades extranjeras, un camino que en Colombia se ha utilizado en investigaciones por narcotráfico, lavado de activos y vínculos con organizaciones criminales transnacionales.
El comité de empalme anticorrupción fue concebido como uno de los equipos técnicos del gobierno de transición. Su tarea central es recibir información, cruzar datos y preparar insumos sobre la gestión de las entidades encargadas de la lucha contra la corrupción y el seguimiento a grupos armados durante el periodo previo.
El caso de Danilo Rueda ha sido objeto de controversia desde su paso por la Comisión de Paz. Su gestión incluyó acercamientos con el Clan del Golfo que generaron cuestionamientos en distintos sectores políticos y en organismos de control. Las críticas se centraron en la opacidad de los diálogos y en la ausencia de resultados verificables en materia de sometimiento a la justicia.
De la Espriella asumió el compromiso de llevar estos señalamientos a instancias judiciales una vez asuma la Presidencia. Con la instrucción al comité, la denuncia deja de ser un anuncio político y se convierte en una actuación preparatoria con respaldo documental y eventual apoyo internacional.
Para los ciudadanos, el movimiento implica que las decisiones que tome el próximo gobierno en materia de paz y seguridad estarán precedidas por una revisión de lo ocurrido entre 2022 y 2026. Ese ejercicio podría traducirse en investigaciones formales, en pedidos de colaboración internacional o en nuevas líneas de trabajo para la Fiscalía y la Procuraduría.
En el plano institucional, el traslado de información al Departamento de Justicia de Estados Unidos agrega un componente extraterritorial al caso. Si la justicia estadounidense abre investigaciones propias por posibles vínculos con estructuras catalogadas como organizaciones narcoterroristas, el expediente colombiano quedaría ligado a procesos en otra jurisdicción.
Quedan varios puntos por definirse en los próximos días. El comité debe decidir qué tipo de denuncias presenta, ante qué autoridades y con qué soportes. También está pendiente la respuesta del gobierno saliente de Petro, que no se pronunció de inmediato sobre la instrucción impartida por el presidente electo, según el reporte de 360 Radio.