El presidente electo Abelardo de La Espriella afirmó que todos los colombianos deberían prestar el servicio militar. Según reportó Portafolio.co, el pronunciamiento ocurrió en una intervención pública junto con su equipo de empalme, el grupo encargado de preparar la transición hacia el nuevo gobierno.
La frase textual recogida por la fuente fue que el servicio debería pagarse 'para sacar a este país adelante'. Con esa expresión, De La Espriella vinculó la obligación militar con un objetivo más amplio de cohesión y desarrollo nacional, aunque no entró en detalles técnicos sobre cómo se implementaría la medida.
En Colombia, el servicio militar está regulado por la Ley 1861 de 2017. Esa norma establece que el servicio es obligatorio para todos los varones colombianos, aunque en la práctica un porcentaje reducido de los jóvenes presta el servicio activo. El resto obtiene una libreta militar sin haber cumplido el periodo de instrucción, tras el pago de una cuota de compensación.
La propuesta del presidente electo se diferencia del esquema actual al plantear un esquema universal, sin distinciones entre quienes prestan el servicio y quienes lo evaden por motivos económicos o académicos. Hasta ahora, los estudiantes de educación superior, por ejemplo, podían resolver su situación militar sin hacer fila en los batallones.
Para las Fuerzas Militares, un servicio universal implicaría un crecimiento significativo en el pie de fuerza disponible. Hoy el reclutamiento depende en buena medida de soldados regulares e indígenas que cumplen con una bonificación económica, lo que ha generado cuestionamientos sobre la equidad del modelo y sobre la composición social de las tropas.
La declaración también toca un debate de fondo sobre la relación entre ciudadanía y defensa. En otros países de la región, como México y Perú, el servicio militar se mantiene formalmente obligatorio, pero en la práctica la mayoría de los jóvenes no lo presta. Chile, en cambio, lo volvió voluntario en 2005 y mantiene un ejército profesional reducido.
Sectores que promueven la objeción de conciencia han cuestionado durante años la obligatoriedad del servicio, argumentando que vulnera la libertad de conciencia. Un esquema universal como el anunciado obligaría a rediscutir los criterios de excepción y a ampliar la capacidad logística de los batallones de incorporación.
En materia presupuestal, la transición hacia un modelo más amplio demandaría inversiones adicionales en alimentación, uniformes, instrucción y supervisión. El país arrastra además denuncias recurrentes sobre condiciones internas de los cuarteles y sobre casos de abusos que han sido investigados por la justicia penal militar y la Jurisdicción Ordinaria.
La propuesta llega cuando el equipo de empalme ya trabaja en la formulación de las prioridades del gobierno entrante. Aún no se conoce un articulado ni una fecha para presentar el proyecto. Queda por ver si la iniciativa se concretará en un proyecto de ley o si quedará como una declaración de intención dentro del plan de gobierno.
Por ahora, la sola mención de un servicio militar universal ya instaló el debate en la opinión pública. Organizaciones civiles, academias militares y víctimas del conflicto armado previsiblemente participarán en la discusión que se abrirá en los próximos meses.