El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el fin de los diálogos de paz que se adelantaban con el ELN y con otros grupos armados, según reportó América Económica. La decisión marca un giro en la política de seguridad del Gobierno nacional.
Con el cierre de la mesa de conversaciones, el Ejecutivo abandona la vía negociada con esas organizaciones y adopta como línea central el sometimiento a la justicia y la actuación de la Fuerza Pública. La transición implica que los grupos armados ilegales deberán acogerse a las condiciones que fije el Estado si quieren dejar las armas.
La noticia llega en un contexto regional complejo, con presencia histórica del ELN en zonas de difícil acceso y con economías ilegales consolidadas. El norte de Colombia, el sur de Bolívar, el Catatumbo y el Chocó han sido algunos de los territorios donde esa guerrilla ha mantenido influencia durante décadas.
El modelo de sometimiento ya se aplicó en Colombia con estructuras como las Autodefensas Unidas de Colombia en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Bajo esa figura, los combatientes entregan sus armas, confiesan sus crímenes y reciben penas alternativas a cambio de verdad, reparación y reinserción.
Para la Fuerza Pública, el anuncio abre un escenario de mayor despliegue operativo contra las estructuras que no se sometan. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional deberán planificar operaciones en zonas donde la presencia estatal ha sido históricamente limitada.
La decisión también afecta a la población civil en los territorios con presencia de esos grupos. Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes suelen quedar en medio del conflicto cuando se intensifican las operaciones militares, y por eso la protección de los civiles se vuelve un reto central.
La comunidad internacional y los países que han acompañado los procesos de paz, entre ellos Noruega y Cuba, reciben la noticia con expectativa, dado el papel que han jugado como facilitadores o garantes en distintas rondas de negociación.
El Gobierno no ha detallado aún el cronograma ni los mecanismos específicos del sometimiento. Tampoco se conoce si habrá diferenciación entre las distintas organizaciones armadas o si la oferta será uniforme para todas. Estos puntos quedaron pendientes al cierre del anuncio.
La terminación de los diálogos cierra un ciclo que comenzó con la implementación de los acuerdos de 2016 con las FARC y deja abierta la pregunta sobre cómo el Estado buscará reducir la violencia en los territorios donde el ELN y otros grupos mantienen presencia.