El presidente Abelardo de La Espriella anunció el fin del diálogo con la estructura Comuneros del Sur, señalada como una disidencia del ELN, en el marco de la política de Paz Total. Con esa decisión, el gobierno le cierra la puerta a la negociación con ese grupo y vuelve a la confrontación armada como herramienta principal.
La Paz Total fue la bandera del gobierno anterior para buscar acuerdos simultáneos con grupos armados y bandas criminales. Bajo esa política se abrieron mesas con el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otras organizaciones, con resultados desiguales según cada caso.
Los Comuneros del Sur operan principalmente en zonas del sur del país y han sido señalados de financiar su accionar con economías ilícitas y de reclutar menores. Su ruptura formal con el ELN central, aunque conserva métodos similares, llevó a que fueran tratados como una mesa aparte dentro de la estrategia de diálogo.
La decisión del Ejecutivo se conoce en un contexto de creciente presión por hechos violentos atribuidos a esa estructura. Sectores políticos y de fuerza pública venían pidiendo suspender los diálogos ante la persistencia de acciones contra la población civil y la fuerza pública.
Con el cierre de la mesa, el gobierno recupera la facultad de ordenar operaciones militares contra los Comuneros del Sur sin el límite que imponía el proceso de negociación. También se reactiva la posibilidad de ofrecer recompensas por sus cabecillas y de solicitar su captura en coordinación con la Fiscalía.
Para las comunidades que habitan las zonas de influencia del grupo, el cambio significa un regreso a la lógica de la guerra y a los riesgos que eso trae: confinamientos, desplazamientos y disputas armadas por el control territorial. Organizaciones de derechos humanos suelen advertir que ese tipo de transiciones suele golpear primero a la población civil.
La finalización del proceso deja en el aire la situación de los firmantes o gestores que participaban en la mesa en representación de esa estructura. También reordena el mapa de los diálogos activos, porque muestra que el gobierno está dispuesto a levantar la mesa cuando considera que el grupo no cumple los compromisos.
El cierre con los Comuneros del Sur no implica, por ahora, el mismo tratamiento al ELN ni a las demás disidencias que mantienen conversaciones. Sin embargo, sí marca un precedente claro dentro del gobierno: la Paz Total puede suspenderse de forma unilateral cuando se rompe la confianza o se mantienen las hostilidades.
Queda por verse si otros grupos armados interpretan la decisión como una advertencia y endurecen sus posiciones, o si, por el contrario, aceleran acercamientos para evitar un desenlace similar. El Ministerio de Defensa y la oficina del Alto Comisionado para la Paz tendrán la tarea de encuadrar la nueva ruta.
