El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella viene adelantando una gestión ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para modificar el alcance de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, según reportó EL PAÍS. El pedido se enfoca en el componente de seguimiento a la reforma rural integral, uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la entonces guerrilla de las FARC.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia fue establecida en 2017 por el Consejo de Seguridad, a solicitud del propio Gobierno colombiano y de las FARC, para acompañar la implementación de varios puntos del Acuerdo, entre ellos la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad y la reforma rural. La reforma rural integral incluye acceso a tierra, programas de desarrollo con enfoque territorial y planes para los municipios más afectados por el conflicto.
Según la información publicada por EL PAÍS, la presión del Ejecutivo se concentra en retirar a la ONU del seguimiento a la reforma rural, no del resto de tareas de la misión. La negociación en Nueva York definirá no solo si la misión continúa, sino con qué mandato específico. Este tipo de revisiones se hacen periódicamente y en ciclos anteriores el Consejo ya redujo funciones, como recuerda el medio español.
La reforma rural es uno de los puntos con mayores rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz, según los informes públicos de la propia Misión de Verificación y de la Comisión de Seguimiento. La entrega de tierras a campesinos y excombatientes, la formalización de predios y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial avanzan a un ritmo lento, en parte por la falta de presupuesto y por la persistencia de la violencia en zonas rurales.
Para las comunidades rurales y los excombatientes en proceso de reincorporación, el acompañamiento internacional ha sido considerado un respaldo técnico y político. Organizaciones de víctimas y plataformas de seguimiento al Acuerdo, como la Comisión de Seguimiento y el Instituto Kroc, han señalado en sus reportes públicos la importancia de la verificación internacional para darle legitimidad y continuidad a los compromisos pactados.
El próximo 31 de octubre, el Consejo de Seguridad votará una nueva resolución que definirá el futuro de la misión. En ese escenario, los Estados miembros deberán pronunciarse sobre la duración del mandato, las tareas específicas y la presencia de observadores en terreno. Colombia, como país anfitrión, tiene voz en la negociación, pero la decisión final corresponde a los quince miembros del Consejo, incluidos los cinco permanentes con poder de veto.
El Ejecutivo colombiano no ha detallado públicamente, hasta el momento de esta nota, los argumentos técnicos para solicitar el retiro de la ONU de este punto. Sectores vinculados a la implementación del Acuerdo han advertido en distintos escenarios que una salida del acompañamiento internacional podría afectar la confianza de las comunidades y de los cooperantes en las zonas priorizadas.
Lo que queda en juego es el equilibrio entre la soberanía del Estado en la implementación de sus políticas rurales y el papel de la comunidad internacional como garante externo de los compromisos del Acuerdo. La decisión del 31 de octubre cerrará un capítulo más de la revisión periódica del mandato de la misión y dejará abierta la pregunta sobre cómo se medirá el avance de la reforma rural sin la presencia de la ONU en ese componente.
EL PAÍS, medio español con corresponsalía en América Latina, es la fuente citada para esta información. El observatorio se limita a reproducir los hechos reportados por esa fuente y a contextualizarlos con información pública disponible, sin emitir juicios de valor sobre la conveniencia de la decisión.