El presidente Abelardo de la Espriella giró este martes una instrucción directa a los ministerios de Defensa y de Justicia para que brinden acompañamiento jurídico a los exmilitares colombianos que figuran como investigados en el caso del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021 en Puerto Príncipe.
Según la información publicada por Confidencial Noticias, la orden busca que el Estado colombiano garantice la defensa legal de los connacionales que enfrentan procesos en el extranjero por este magnicidio, uno de los hechos más graves registrados en la historia reciente del vecino país. Hasta el momento, el número exacto de exuniformados involucrados y el estado procesal de cada uno no ha sido detallado por las autoridades nacionales.
El asesinato de Moïse sacudió a la comunidad internacional. En su residencia fue atacado por un comando armado integrado, según las investigaciones adelantadas por la justicia haitiana con apoyo de Estados Unidos, por exsoldados colombianos reclutados por una empresa de seguridad con sede en Estados Unidos. Varios de ellos fueron detenidos en los días posteriores y permanecen bajo custodia mientras avanzan los procesos judiciales.
Colombia ha seguido de cerca el expediente. La entonces Cancillería y la Jurisdicción Especial para la Paz abrieron pesquisas internas para esclarecer las circunstancias en que esos colombianos salieron del país y terminaron en Haití. La decisión del presidente De La Espriella reorienta la respuesta del Gobierno al priorizar la defensa de los connacionales en lugar de mantener distancia frente al caso.
La instrucción presidenciala la dirección implica un giro diplomático. Hasta ahora el Estado colombiano había cooperado con Haití en aspectos logísticos y de identificación de los involucrados. Brindar asistencia jurídica representa un nivel mayor de compromiso con quienes son investigados, algo que puede tensar la relación con Puerto Príncipe y con los países que acompañan las investigaciones, entre ellos Estados Unidos.
En el plano institucional, los ministerios de Defensa y Justicia deberán definir cómo se prestará la asistencia. Las opciones van desde la asignación de abogados contratados por el Estado hasta la activación de la Defensoría del Pueblo o de la Cancillería para acompañar los procesos. El alcance concreto de la ayuda y los criterios con el cual El Gobierno decidirá no fueron precisados en la información divulgada.
Para los familiares de los exmilitares detenidos, la noticia llega como un respiro. Han reclamado durante años que sus parientes fueron engañados por intermediarios que les ofrecieron trabajo de seguridad en el extranjero sin informarles del verdadero encargo que les asignaron. El reconocimiento de asistencia legal por parte de la Casa de Nándo abre la puerta a que esa línea de defensa tome en los expedientes.
En el frente internacional, la movida coloca al Gobierno colombiano ante el desafío de explicar su decisión a Haití y a los socios que han liderado la búsqueda de justicia por el magnicidio. El expediente sigue abierto y aún no hay sentencia firme sobre la autoría material ni intelectual del crimen que acabó con la vida del presidente Moïse en su propia residencia.