El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que su Gobierno perseguirá a cada uno de los responsables del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Así lo registra el diario La Patria en su titular, donde se reproduce la promesa de 'cazar' a los autores materiales e intelectuales del crimen.
Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, fue atacado a bala en agosto de 2025 durante un evento de campaña en el occidente de Bogotá. Tras más de dos meses en una unidad de cuidados intensivos, falleció el 11 de octubre de ese año, y su muerte abrió una crisis política y de seguridad que sacudió al país y tensó la relación entre el Gobierno nacional y la oposición.
El crimen reabrió el debate sobre la protección de los líderes políticos en Colombia, un tema que durante años ha sido señalado por organismos como la Misión de Observación Electoral y la Defensoría del Pueblo. Desde 2016, la Unidad Nacional de Protección ha reforzado los esquemas de seguridad para precandidatos, pero el ataque mostró que las medidas pueden no ser suficientes en espacios abiertos con concentración masiva de gente.
De la Espriella asumió la presidencia el 7 de agosto de 2026, con la promesa de mano firme contra el crimen organizado y los grupos armados que negocian o delinquen en distintas regiones. Su Gobierno ha enmarcado la lucha contra la inseguridad como una prioridad de Estado y ha reiterado que no habrá zonas vedadas para la fuerza pública.
Tras la muerte de Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación que ha permitido la captura de varias personas vinculadas al atentado. Las autoridades también ofrecieron recompensas por información que conduzca a la captura de los cabecillas de la estructura que habría ordenado el ataque, aunque la identidad de los autores intelectuales sigue siendo materia de investigación.
La oposición y varios sectores políticos, encabezados por el Centro Democrático y la Fundación Miguel Uribe Turbay, han pedido celeridad en las pesquisas y que se esclarezca si hubo fallas de inteligencia o de protección. En ese contexto se inscribe la declaración del presidente, que apunta a responder a una demanda ciudadana de resultados concretos en uno de los casos más sensibles del último año.
La promesa de 'cazar' a los responsables fue pronunciada, según La Patria, luego de un consejo de seguridad realizado en la Casa de Nariño. El Gobierno no ha detallado públicamente los avances específicos de la investigación ni los nombres de los nuevos capturados, pero aseguró que se mantiene la coordinación con la Fiscalía para avanzar en el esclarecimiento del caso.
Para la ciudadanía, el seguimiento a este proceso es clave porque sienta un precedente sobre la capacidad del Estado para investigar ataques contra figuras políticas en plena campaña electoral. Organizaciones sociales y expertos en seguridad han insistido en que la transparencia en las pesquisas y la judicialización efectiva de los responsables son determinantes para reforzar la confianza en las instituciones.
Queda pendiente conocer los próximos resultados de la investigación, los nombres de los autores intelectuales y las medidas adicionales de protección que se implementarán para los candidatos de las elecciones regionales y nacionales. La expectativa es que el Gobierno mantenga informada a la opinión pública sobre los avances en la captura y judicialización de los responsables del magnicidio.