El presidente Abelardo de la Espriella habló este miércoles 7 de octubre en el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, un evento celebrado en Bogotá. En su intervención, anunció que su administración se propone identificar y judicializar a cada uno de los responsables del asesinato del senador y prec presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido tras el ataque sicarial que sufrió durante un evento de campaña en Bogotá el pasado 7 de agosto.
"Los vamos a cazar uno a uno", expresó el mandatario ante los asistentes, en una declaración recogida por El Colombiano. El compromiso se produce a dos meses del magnicidio y en un momento en el que las investigaciones avanzan en la Fiscalía General de la Nación, que ya ha capturado a varios de los señalados como partícipes materiales de la logística del atentado.
Durante su discurso, De la Espriella fue más allá y afirmó, sin presentar pruebas en ese momento, que quienes ordenaron y ejecutaron el crimen "son amigos de Petro". Con esa frase apuntó directamente al presidente anterior y a sectores del gobierno inmediatamente anterior, a los que señaló como los entornos desde los cuales, según dijo, se habría gestado el asesinato.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay se inscribe en la lista de magnicidios y atentados contra líderes políticos y sociales que han sacudido al país en las últimas décadas, junto con hechos como el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, el de Luis Carlos Galán en 1989 y el de Bernardo Jaramillo en 1990. En cada uno de esos casos, las investigaciones posteriores han involucrado a organizaciones criminales del narcotráfico y a sectores políticos vinculados con el accionar violento.
El Centro para el Liderazgo Valiente, que organizó el encuentro, reúne a voces del ámbito empresarial, académico y de la sociedad civil interesadas en la defensa de los principios democráticos y la seguridad de los líderes políticos. La figura de Miguel Uribe, asesinado cuando era precandidato presidencial, se ha convertido en un símbolo de la preocupación creciente por la violencia contra la participación política en Colombia.
La promesa presidencial coloca la cúpula de la Fuerza Pública y a la Fiscalía ante un desafío operativo: identificar a los autores intelectuales, establecer la cadena de mando detrás del atentado y llevar los casos hasta sentencias ejecutoriadas. También pone la lupa sobre los discursos de quienes, desde el poder, emiten señalamientos directos contra adversarios políticos en eventos públicos.
Sectores cercanos al gobierno de Gustavo Petro han rechazado en las últimas semanas señalamientos similares por considerar que estigmatizan a todo un sector político sin que existan investigaciones formales en su contra. La polarización en torno al caso y al manejo que el nuevo gobierno le da a las pesquisas añade complejidad al proceso judicial, según han advertido analistas.
La principal expectativa ciudadana que deja el anuncio es que las investigaciones avancen con resultados concretos, que los autores identificados sean llevados a juicio y que las hipótesis se constrasten con pruebas dentro del debido proceso, sin que declaraciones políticas anticipen responsabilidades que la justicia debe determinar.