De la Espriella aseguró que el carácter de su política migratoria será doble:'accueil' para los extranjeros que cumplan la ley y salida expedita para los que incurran en conductas delictivas. La frase la recogió el diario El Nuevo Siglo, que tituló la declaración como una promesa de deportación inmediata de quienes delinquan.
El pronunciamiento llega en un momento sensible para Colombia. El país es receptor histórico de población venezolana, ecuatoriana y de otras nacionalidades, y en los últimos años las autoridades han reforzado los controles en pasos fronterizos, especialmente en Norte de Santander, La Guajira y Arauca.
La figura de la deportación y la expulsión está regulada en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en el Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos. En la práctica, los ciudadanos extranjeros vinculados a procesos penales pueden enfrentar la cancelación de sus permisos de permanencia y la orden de abandono del territorio nacional.
Para los migrantes regulares, la medida no altera su estatus. Mantener las puertas abiertas implica que los Extranjería seguirá expidiendo visas y permisos en los términos actuales, según se desprende del principio general de la política anunciada por el presidente electo.
El anuncio también tiene lectura en materia de seguridad. Expertos en criminología consultados en otras oportunidades han señalado que una parte de los delitos que se reportan en zonas de frontera se atribuye a estructuras armadas transnacionales, y que la deportación aislada, sin cooperación judicial, no las desarticula.
En el ámbito consular, las embajadas y los consulados de Colombia en países vecinos suelen ser los primeros en recibir a personas devueltas mediante procedimientos de migración. La Cancillería y Migración Colombia tienen protocolos para coordinar traslados y verificar derechos del expulsado.
Sectores defensores de derechos de los migrantes pidieron en declaraciones previas que cualquier proceso de expulsión respete el debido proceso, la valoración de casos de asilo y la unidad familiar. Esa exigencia queda sobre la mesa ahora que la promesa presidencial entra en fase de ejecución.
La siguiente etapa será la transición. Una vez asuma el mando, De la Espriella y su equipo deberán expedir los lineamientos operativos para que Migración Colombia, la Policía y los jueces de conocimiento apliquen el criterio anunciado, sin que se reporten arbitrariedades.
Queda pendiente conocer tres puntos concretos: el umbral de 'delito' que activará la deportación inmediata, los mecanismos de coordinación con la Fiscalía y la manera en que se protegerán los derechos de quienes soliciten refugio antes de la expulsión.
El Nuevo Siglo, fuente de esta declaración, seguirá cubriendo los anuncios oficiales en las próximas semanas, en la antesala de la posesión presidencial.