El presidente electo Abelardo de la Espriella anticipó la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, una de las consejerías presidenciales con mayor trayectoria en la estructura del Estado colombiano. La declaración la entregó en el marco de su agenda de transición hacia el Palacio de Nariño, según registró La Patria.
La afirmación central del mandatario electo fue directa: "Se acaba el comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno". Con esa frase marcó el rumbo que tendrá la política de diálogo con grupos armados ilegales a partir del inicio de su administración.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz existe desde 1998 y ha sido la dependencia encargada de diseñar y conducir las estrategias de negociación del Estado colombiano con organizaciones guerrilleras, paramilitares y, más recientemente, con estructuras del crimen organizado. Su conducción ha estado en manos de figuras designadas directamente por el presidente de la República.
El anuncio de De la Espriella se inscribe en una postura de ruptura con los marcos de diálogo que han predominado en las últimas décadas. Con el desmonte de la consejería, el nuevo gobierno apuesta por un esquema distinto de atención a los conflictos armados internos, aunque todavía no se conocen los detalles operativos ni cuál será la instancia que asuma esas funciones.
La decisión, de concretarse, tendría repercusiones inmediatas en los equipos negociadores activos y en los procesos que se encuentren en curso al momento del cambio de gobierno. Sectores como las comunidades en zonas de conflicto, las organizaciones de derechos humanos y los negociadores internacionales suelen seguir de cerca la estructura institucional que soporta los acercamientos con grupos armados.
Para los ciudadanos, el anuncio abre un período de incertidumbre sobre el futuro de eventuales conversaciones con el ELN, con las disidencias de las extintas FARC y con otras estructuras armadas. El cambio institucional puede traducirse en un giro en las prioridades del Estado frente a la seguridad y la búsqueda de salidas negociadas a la violencia.
Desde la campaña, el ahora presidente electo había expresado su rechazo a los acuerdos de paz que han marcado la historia reciente del país. Con esta decisión, su gobierno formaliza esa postura y la convierte en un lineamiento de política pública desde el primer día de gestión.
Queda por definirse qué entidad asumirá las funciones que hoy ejerce la consejería. Tampoco se ha precisado si la eliminación implica el cierre total de cualquier instancia de diálogo o si se buscará un modelo alternativo, por ejemplo, desde el Ministerio de Defensa o desde una nueva dependencia de seguridad.
El tema se suma a la lista de decisiones estructurales que el gobierno entrante deberá explicar ante el Congreso, la sociedad civil y los organismos de control. La transformación de la arquitectura de paz estatal es una de las apuestas más visibles de la nueva administración.