El medio Proclama del Pacífico registró la promesa del presidente Abelardo de la Espriella de elevar el monto del programa Colombia Mayor a $400.000. El anuncio se enmarca en la oferta social del gobierno hacia la población adulta mayor que no cuenta con una renta fija para su sostenimiento.
Colombia Mayor es un programa del Estado colombiano que entrega transferencias monetarias periódicas a personas mayores de 65 años, o de 60 años en situación de desplazamiento, que se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y que no acceden a pensión. La administración del programa está a cargo del Departamento de Prosperidad Social, que verifica los criterios de focalización y realiza los giros a través de operadores bancarios y no bancarios autorizados.
El monto actual del subsidio ha sido ajustado en distintas oportunidades desde la creación del programa. La promesa de llevarlo a $400.000 representa un incremento frente a los valores que históricamente han oscilado en el rango de los $80.000 a $130.000 por persona, según las actualizaciones que Prosperidad Social ha realizado en años recientes. La cifra anunciada multiplica por varios veces ese rango, lo que convierte la propuesta en un punto central del debate sobre la focalización del gasto social.
De concretarse el aumento, el impacto recaería principalmente sobre cerca de 1,7 millones de adultos mayores inscritos en el programa, quienes reciben el giro de forma mensual o bimestral, dependiendo de la fase del calendario de pagos. Para los hogares beneficiarios, el cambio significaría un alivio en la cobertura de gastos como alimentación, medicamentos y servicios públicos, rubros que suelen comprometer la mayor parte de estos ingresos.
El anuncio también reabre el debate sobre la sostenibilidad fiscal de la transferencia. Programas como Colombia Mayor se financian con recursos del Presupuesto General de la Nación y de fuentes como el Fondo de Solidaridad Pensional. Un salto de esa magnitud exige reasignaciones presupuestales o nuevas fuentes de ingreso, un aspecto que el gobierno deberá precisar en los próximos meses para que la promesa no quede en el plano declarativo.
La propuesta se suma a otras intervenciones del Ejecutivo en política social y a los compromisos asumidos en campaña. Sectores de la oposición y analistas han pedido que se aclaren los mecanismos de financiamiento y la gradualidad del ajuste, para evitar comprometer otras partidas sociales. Hasta ahora, la promesa ha sido comunicada por el medio citado y aún no se ha detallado un cronograma oficial de transición.
Queda pendiente la publicación de los lineamientos técnicos por parte de Prosperidad Social, la definición de un eventual proceso de transición para los beneficiarios actuales y el estudio del impacto fiscal por parte del Ministerio de Hacienda. La evolución del programa será seguida de cerca por organizaciones de adultos mayores, veedurías ciudadanas y por los propios beneficiarios, que esperan conocer la fecha en que el nuevo monto empezaría a regir.