El presidente electo Abelardo de la Espriella reafirmó la que fue una de sus banderas durante la campaña: incrementar el subsidio que entrega el programa Colombia Mayor a sus beneficiarios. La nueva meta, según dijo, es llevar la transferencia a $400.000, duplicando con creces el valor que se entrega hoy en el marco de esta iniciativa dirigida a adultos mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad.
Colombia Mayor es un programa del Ministerio del Trabajo que entrega transferencias monetarias periódicas a personas mayores de 65 años que no cuentan con una pensión. Opera como un subsidio condicionado y se financia con aportes del Presupuesto General de la Nación y con recursos del Fondo de Solidaridad Pensional. Los municipios participan en la identificación de los beneficiarios y en el seguimiento de la entrega.
De la Espriella fue más allá del anuncio del nuevo monto y reconoció un obstáculo inmediato: la existencia de un faltante cercano a los $3,2 billones para cubrir lo que ya está comprometido. Es decir, antes de pensar en subir el valor del subsidio, el próximo gobierno deberá conseguir esos recursos para financiar la cobertura actual y los compromisos ya adquiridos con los adultos mayores inscritos en el programa.
La advertencia sobre el hueco fiscal abre un debate técnico sobre la fuente de los recursos. Tradicionalmente, el presupuesto de programas sociales como Colombia Mayor se discute cada año en el marco de la ley de apropiaciones, y su sostenibilidad depende de decisiones del Ministerio de Hacienda y del Congreso. Incrementar el monto por beneficiario implica, en la práctica, multiplicar el costo total del programa si se mantiene la misma cantidad de cupos.
Para los beneficiarios, el anuncio tiene dos lecturas. Por un lado, la promesa de un aumento significativo en el ingreso mensual representaría un alivio para cerca de 1,7 millones de adultos mayores que hoy reciben transferencias menores. Por otro lado, la propia advertencia del presidente electo sobre el faltante de $3,2 billones deja en evidencia que, incluso sin el incremento, el esquema actual enfrenta presiones financieras que deberán resolverse en los primeros meses de su mandato.
La declaración se inscribe en la línea de compromisos sociales que De la Espriella expuso durante la campaña. En distintos escenarios, su equipo planteó la ampliación de programas de protección para poblaciones vulnerables como uno de los ejes de la propuesta. La ratificación ahora, ya como presidente electo, le da un carácter oficial al compromiso, aunque su cumplimiento dependerá de la negociación presupuestal con el Congreso y de la situación de las finanzas públicas.
En el plano institucional, la transición hacia el nuevo gobierno arranca con un desafío operativo claro: financiar lo existente y, en paralelo, diseñar la transición hacia el nuevo monto. El Ministerio del Trabajo, el Departamento de Prosperidad Social y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales tendrán un rol central en la ejecución, mientras que Hacienda deberá evaluar de dónde saldrán los recursos adicionales sin comprometer otras prioridades del gasto social.
Quedan varios puntos por definir. No se ha precisado la fecha de entrada en vigencia del nuevo valor de $400.000, ni si el aumento vendrá acompañado de una ampliación de la cobertura para incluir a más adultos mayores que hoy quedan en lista de espera. Tampoco se ha detallado si el ajuste se aplicará de forma gradual o de una sola vez. La forma en que el gobierno electo cierre estas preguntas marcará el ritmo real del cambio para los beneficiarios.