El presidente electo, Abelardo de La Espriella, planteó la realización de un censo nacional de infraestructura educativa. El objetivo, según la propuesta, es identificar las escuelas que llevan años sin intervención o que quedaron al margen de los planes oficiales. La iniciativa fue dada a conocer a través del diario Portafolio.
La propuesta se apoya en la idea de trabajar de forma conjunta con regiones, comunidades y empresas privadas. De La Espriella ha sostenido que la transformación educativa requiere sumar a los actores territoriales y al sector productivo, no solo al Gobierno nacional. Esa articulación aparece como uno de los ejes centrales de su plan en esta materia.
Un censo de este tipo responde a una preocupación recurrente en Colombia: la disparidad de condiciones entre zonas rurales y urbanas. Históricamente, muchas escuelas del campo han operado en precario, con aulas deterioradas, falta de agua potable y precarias conexiones a internet. Sin un registro actualizado, las autoridades han reconocido dificultades para priorizar inversiones.
El Ministerio de Educación ha manejado durante años inventarios parciales de la infraestructura escolar oficial. Los reportes existentes suelen centrarse en matrícula y cobertura, pero dejan vacíos sobre el estado físico de los planteles. Un levantamiento nacional permitiría cerrar esa brecha y orientar mejor los recursos, según han planteado distintos analistas del sector.
Para la ciudadanía, el anuncio tiene implicaciones directas. Docentes y directivos de escuelas en zonas apartadas suelen reportar demoras en obras y en la entrega de dotación. Padres de familia y estudiantes son quienes más resienten las consecuencias de unas instalaciones en mal estado. Una eventual priorización podría traducirse en mejoras concretas en miles de sedes.
La participación del sector privado introduce preguntas sobre el modelo de financiación. Experiencias internacionales muestran que alianzas público-privadas en educación suelen centrarse en infraestructura, conectividad o formación técnica. En Colombia, esas modalidades se han usado con resultados mixtos, y el Ministerio de Hacienda suele advertir sobre la sostenibilidad fiscal de los compromisos que se adquieren a largo plazo.
La propuesta llega en un momento de transición. El nuevo Gobierno aún no toma posesión y el actual Ejecutivo continúa su agenda hasta el final del periodo. Por eso, los detalles operativos del censo, su cronograma y su financiación quedaron por definir. Tampoco se aclaró si la medición se hará con recursos del Presupuesto General o mediante convenios con privados.
Sectores educativos y organizaciones de padres han pedido en el pasado que cualquier iniciativa de este tipo parta de un diagnóstico serio, sin prometer resultados inmediatos. También han insistido en que las mejoras lleguen a las comunidades más apartadas, donde la presencia del Estado ha sido históricamente más débil. La viabilidad del censo dependerá en gran parte de la voluntad política y de los recursos que se movilicen.
Por ahora, la propuesta queda instalada como una de las primeras señales del próximo Gobierno en materia educativa. Queda pendiente precisar cómo se levantará la información, qué entidades la procesarán y qué papel jugará cada actor. La expectativa es que el censo se convierta, en palabras del propio presidente electo, en una herramienta para que ninguna escuela quede en el olvido.