El pronunciamiento del presidente electo Abelardo de la Espriella se produce en un momento simbólico: en 2026 se cumplen diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc, ocurrido en Cartagena el 24 de noviembre de 2016. Esa conmemoración ha estado precedida por debates sobre el cumplimiento de lo pactado y sobre el futuro de los excombatientes que dejaron las armas.
La pregunta sobre si Timochenko puede volver a la cárcel remite a un punto central del Acuerdo: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada como el mecanismo de justicia transicional encargado de investigar, juzgar y sancionar las conductas más graves cometidas en el marco del conflicto armado. Quienes se acogieron a este sistema reciben beneficios como penas alternativas a la prisión ordinaria, siempre que cumplan con las condiciones del proceso.
Dentro de la JEP, los antiguos comandantes de las Farc comparecen en distintos macrocasos. Timochenko, como máximo jefe de la entonces guerrilla, ha rendido versiones voluntarias y ha estado sujeto a las decisiones de la Jurisdicción. El alcance de esas decisiones, y la forma en que se traducen en sanciones efectivas, ha sido objeto de polémicas recurrentes en los últimos años.
La declaración de De la Espriella introduce una variable política. El Acuerdo de Paz fue firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos y ha tenido continuidad institucional bajo las siguientes administraciones, aunque con críticas y revisiones parciales. Cualquier modificación al tratamiento penal de los exjefes de las Farc requiere decisiones que involucran a la JEP, a la Fiscalía y a otras ramas del poder público.
Expertos en justicia transicional consultados en distintos medios han explicado que revertir beneficios ya concedidos no depende de la voluntad de un solo presidente, sino del cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley y en la propia normatividad de la JEP. Las sanciones pueden endurecerse si se demuestra que un compareciente faltó a la verdad, reincidió o incumplió los compromisos de reparación.
Para la ciudadanía, el debate tiene efectos prácticos. Por un lado, miles de excombatientes continúan su proceso de reincorporación en distintas regiones del país, en zonas donde la presencia del Estado sigue siendo limitada. Por otro lado, las víctimas del conflicto esperan que las decisiones judiciales reflejen la gravedad de los hechos investigados y que se avance en reparación.
El contexto internacional también pesa. La implementación del Acuerdo de Paz ha sido acompañada por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y por la Jurisdicción Especial para la Paz, que cuentan con veeduría de distintos países. Cambios unilaterales en el tratamiento a excombatientes podrían generar observaciones por parte de esos organismos y de la comunidad internacional.
En el terreno político, la postura de De la Espriella se suma a un debate que ya estaba abierto en el Congreso y en sectores cercanos a las víctimas. Algunos partidos han pedido que se revise el cumplimiento de las obligaciones de los exjefes de las Farc, mientras que otros han defendido la estabilidad de los acuerdos como condición para la consolidación de la paz.
Lo que sigue es, al menos, doble. Por un lado, la JEP deberá continuar con los procesos abiertos en los macrocasos que involucran a los antiguos comandantes. Por otro, el nuevo gobierno deberá precisar si sus declaraciones se traducirán en acciones concretas dentro del marco institucional vigente o si quedarán en el terreno del debate público previo a la posesión presidencial.